Lo más grave de las pensiones en nuestro país es que hoy la gran mayoría de las personas mayores de 60 años no tienen pensión, y que la gran mayoría de los menores de 60 tampoco van a tener pensión en el futuro. Es el resultado del fracaso del propósito de la Ley 100 de ampliar la cobertura pensional.

Hoy son 4.7 millones los colombianos de la tercera edad, pero de estos según la cifras oficiales solo un millón reciben mesadas pensionales. Es decir, que más del 75 por ciento carecen de un ingreso seguro para los años finales de su vida. Si además recordamos que más de la mitad de los adultos mayores de 60 años están por debajo de la línea de pobreza, tenemos un panorama desolador de vejez condenada a la miseria y la indigencia.

Hacia el futuro la situación solo va tener una mínima mejoría, pues de los 19.5 millones de colombianos que hoy están en la fuerza laboral, solo 6.5 millones son cotizantes activos en alguno de los fondos de pensiones o en el Seguro Social, y podrán pensionarse al alcanzar la edad requerida.

Es decir, que sólo se reducirá del 75 al 70 por ciento el número de los trabajadores sin pensión. Para todos ellos el tema de la edad de jubilación es irrelevante.

En materia de pensiones, el principal reto de un Estado social de derecho, como dice ser Colombia, es ampliar la cobertura para garantizar que sus ancianos tengan los medios para una vida digna.

Es lo que ordena el artículo 46 de la Constitución, pero la realidad muestra que estamos muy lejos de ese objetivo, mientras que en otros países en desarrollo se ha avanzado mucho más. Por ejemplo en Brasil el 75 por ciento de los adultos mayores tienen cobertura pensional y en Chile el 65 por ciento.

El Ministro de Trabajo está diseñando un programa para dar un ingreso mínimo a los ancianos que hoy no tienen pensión y dar un subsidio (los Beneficios Económicos Periódicos, o BEP) a los trabajadores o desempleados que hoy no tienen cómo cotizar para su pensión futura. Son programas indispensables para aliviar la situación actual, pero son insuficientes y sobre todo insostenibles en el largo plazo.

La crisis europea está mostrando que ningún Estado, por rico que sea, tiene recursos suficientes para sostener un sistema pensional sin aportes de los trabajadores. Por eso la raíz del problema de la baja cobertura de pensiones en Colombia es la falta de trabajo decente por la informalidad en los contratos de trabajo.

Cuando el 52 por ciento de los trabajadores está en la informalidad es imposible que hagan aportes para su pensión futura. Además, aún muchos de los que tienen contrato de trabajo con todas las prestaciones sociales, se enfrentan a otro problema que es la falta de continuidad de los empleos que lleva a que las cotizaciones para pensiones sean intermitentes y no continuas. Por eso es muy común que una persona que ha trabajado desde los 25 años, al llegar a los 60 solo tenga cotizaciones por menos de 1.000 semanas (20 años).

La reforma pensional no puede verse solo como una solución a un problema fiscal que se resuelve aumentando la edad de jubilación. La verdadera solución está en impulsar la formalización laboral y el trabajo decente, y el Estado es el primero que debe dar ejemplo.