Pero lo grave es que no solo es un retroceso en la lucha contra la corrupción, sino un motivo más de desprestigio para nuestras instituciones y un descrédito para la imagen del país, que con estos episodios vuelve a parecerse a una república bananera.

Para cualquier observador externo es extraño y raya en lo ridículo el choque de trenes entre dos cabezas de la rama judicial, el Consejo de Estado (CdE) y la Corte Suprema (CS); inexplicable que el primero quiera imponerle a la segunda la forma como debe interpretar su propio reglamento, y absurdo que por un formalismo se paralice la Fiscalía y su lucha contra la delincuencia.

Porque hay que recordar que la razón aducida por el CdE para anular la elección de la Fiscal no es la violación de ninguna Ley, ni mucho menos de la Constitución, sino del reglamento interno de la CS que exigía 16 votos para la elección, y se supone que este cuerpo colegiado es el que tiene la facultad para interpretarlo o modificarlo en circunstancias en que hay falta absoluta de varios magistrados.

Aunque todavía no se conoce la nueva ponencia, la información que ha ido saliendo a la luz pública lleva a pensar que el cuento de los 16 votos era tan solo la disculpa para justificar una decisión política que la mayoría del CdE ya tenía aún en contra de la ponencia del magistrado que estudió el caso.

Según contó Ramiro Bejarano en el debate de Hora 20, el argumento de los 16 votos ni siquiera estaba en la demanda del estudiante de derecho, o sea que al incluir este argumento para sustentar su falla (perdón su fallo), el CdE estaría excediendo los límites de la demanda. También se ha sabido de la intervención activa de uno de los integrantes de la terna de Uribe, rechazada por la CS, para motivar y convencer a sus colegas de votar a favor de la anulación.

No se necesita ser chamán o adivino para saber quiénes pueden estar detrás de todo el operativo montado para sacar a Vivian Morales de la Fiscalía. Basta mirar en los medios las reacciones de júbilo de ciertos sectores y analizar cuáles investigaciones se van por lo menos a demorar o entorpecer por la nueva interinidad en que queda la Fiscalía.

Después de un año y medio sin tener Fiscal en propiedad por la pelea entre la Corte Suprema y Uribe, por el deseo del expresidente de tener un fiscal de bolsillo que le cuidara sus espaladas y la de todos sus funcionarios implicados en delitos, la fiscal Morales puso a marchar esa entidad y adelantó investigaciones en casos que en otras circunstancias hubieran acabado en la impunidad: Agro Ingreso Seguro, el carrusel de la contratación en Bogotá, las chuzadas del DAS a las altas Cortes y a periodistas y líderes de la oposición, o el manejo de los bienes incautados a la mafia en la DNE, son algunos de los callos de poderosos  que la Fiscal pisó, tomando decisiones contra personajes que se consideraban intocables.

Por eso hay muchas caras alegres con la renuncia de Vivian Morales. Asombra ver cómo fungen de expertos juristas y felicitan al CdE por su falla a quienes hasta hace pocos días renegaban de la Justicia colombiana e instaban a los acusados por esa misma Justicia a refugiarse como prófugos en otros países. Por supuesto no todos los que estaban contra la fiscal Morales son inmorales, pero muchos de ellos sí tenían rabo de paja.