Por el contrario la vivienda, como lo dice el constructor Pedro Gómez, “más que un techo, es un ambiente social, es compartir el vecindario y el barrio donde se desarrolla el espíritu de comunidad”; por eso construir vivienda digna requiere construir el tejido social de la comunidad donde se desarrollará la vida de los habitantes de las casas.

Esta diferencia básica debería ser tenida muy en cuenta por el Gobierno en la ejecución de su programa de 100 mil viviendas gratis, para que el resultado final no sea el de unos propietarios que vendieron sus tierras a muy buen precio, unos constructores que hicieron un buen negocio y 100 mil familias que si bien lograron conseguir un techo propio, no tienen ningún sentido de pertenencia con las casas que les regalaron y viven en vecindarios plagados de violencia y conflictos sociales.

En Colombia hay varias experiencias negativas de cuando se entregan casas a los pobres sin que al mismo tiempo se construya tejido social. Es el caso de la urbanización Potrero Grande donde hace cinco años se hicieron casas para reubicar a más de cuatro mil familias que habitaban, con alto riesgo y de manera ilegal, en el jarillón del río Cauca en Cali.

El proceso de construcción fue parecido al que se plantea en la nueva Ley de vivienda. El Municipio, el Departamento y la Nación aportaron recursos, se compró un lote (que era de un testaferro de un narcotraficante), se hicieron diseños, se contrataron reconocidas firmas constructoras y se les entregaron a las familias unas casas y unos barrios hechos sin contar para nada con ellos.

El resultado ha sido no solo el rápido deterioro de las casas construidas, sino sobre todo una urbanización con profundas grietas sociales que ha llegado a ser una de las zonas más violentas de la ciudad con multitud de pandillas y grupos delincuenciales.

El problema no es que los pobres sean así. También existen en Colombia experiencias positivas de grupos humanos muy pobres que se construyen y transforman en comunidades integradas y sostenibles. Son los proyectos realizados por ONGs que construyen viviendas pero a la vez tejido social y comunidad.

La Fundación Carvajal, por ejemplo, trabaja por el fortalecimiento de las familias para desarrollar vida en comunidad mediante programas de vivienda de interés social que involucran a las familias en el proceso constructivo, haciéndolas partícipes de su propio desarrollo y creando en ellas un alto sentido de pertenencia.

Otro ejemplo es la Fundación Santodomingo, que ha habilitado 14 mil viviendas en desarrollos urbanos de alta calidad, por adquisición directa o autoconstrucción, gestionando además el desarrollo de la infraestructura educativa y de salud, el fortalecimiento de la organización comunitaria, el desarrollo empresarial, la generación de ingresos y empleo, la recreación la cultura y el deporte.

También la Corporación Minuto de Dios promueve el modelo de Construcción de Comunidades para atender a las poblaciones vulnerables, con el cual se busca que, además de la construcción física del entorno, se fortalezca el tejido social para conseguir comunidades organizadas, autosostenibles y comprometidas con su propio desarrollo.

Para que la iniciativa de la vivienda gratis no sea un éxito económico y un fracaso social, la nueva Ley debe establecer, como una obligación en todos los proyectos, la inclusión del componente de construcción de tejido social para que no se entreguen solo casas, sino soluciones de vivienda digna.