¿Quién está asumiendo las incapacidades en tiempos de pandemia?

Mucho se ha insistido en la importancia que aquellas personas que presenten síntomas relacionados con la Covid-19 ó que hayan tenido contacto estrecho con un caso positivo, se aíslen de manera preventiva, por lo menos mientras se les practica la prueba correspondiente y consultan a la EPS para determinar si han contraído o no el virus, sin embargo, hay casos en los cuales cuando las personas contactan a la EPS, éstas le ordenan el aislamiento preventivo pero no le dan la incapacidad correspondiente.

Tal situación pone en grave peligro no solo al paciente, sino a toda la población en general, pues las EPS están trasladando su obligación: por un lado, en los casos del trabajador dependiente, al empleador para que asuma la carga económica de dicho aislamiento y, por el otro, en los casos del trabajador independiente, sea la persona misma. Ello, cuando, en realidad, deberían ser las EPS quienes asuman esta obligación, - o por lo menos, eso dice la ley-, ¡bueno!, esto en el caso que se cuente con la fortuna -o el infortunio, ya no lo sé- de estar afiliado a una EPS en Colombia.

Esta práctica, de ser recurrente, es especialmente grave por dos razones fundamentales, la primera por la dificultad real de obligar a una persona a que haga el aislamiento cuando no tiene un respaldo económico que se lo permita, sobretodo en una ciudad como Ibagué, donde, según el Dane, el 30,9% de la población vive en condiciones de pobreza monetaria, es decir, que tienen ingresos entre 0 y 327.674 pesos al mes, una infamia que en Colombia la padecen el 35,7% de los ciudadanos.

La segunda, porque a parte de agravar la condición del trabajador, también empeora la del empleador, sobre todo a los que han sido golpeados en mayor medida con la pandemia y en un momento donde reclamamos la generación de empleo, primero porque deben asumir el pago total del salario pero no contar con el trabajador, pues tampoco se pueden exculpar de cumplir con las acreencias laborales, -un hecho más que puede aportar a precarizar las condiciones de empleo de los trabajadores-, lo segundo, porque en aquellos casos de mayor irresponsabilidad pueden obligar al trabajador sospechoso de portar el virus, a trabajar, esto, debe ser vigilado por las autoridades.

De ser así, ¿qué cerco epidemiológico se puede estar realizando?, ó tal vez ¿qué interés pueden tener en que se haga?, si tenemos en cuenta que pagar las incapacidades cuesta dinero, ¿quién se lo está “ahorrando”? Solo resta decir que las EPS están acostumbradas a monopolizar las utilidades y democratizar las pérdidas, de ahí la reforma estructural que requiere el sector. ¿Será que todo esto pasa al oído de las autoridades sin que le hayan prestado la atención que merece y necesita?