El problema de conectividad aérea de la ciudad de Ibagué es una dificultad mayúscula y constituye un estancamiento, tanto en los procesos productivos, como en la posterior puesta en circulación en el mercado, de bienes y servicios. No es una cuestión de poca monta, es un factor que afecta el desarrollo económico y social del municipio y, del cual, al día de hoy, ninguno de los “políticos” de turno, ni del pasado, ni los administradores de los entes territoriales se han preocupado por solucionar de manera efectiva.
Construir la ciudad del mañana necesariamente debe pasar por entender que “el futuro se parece a los ciudadanos, porque la ciudad ya no les puede seguir perteneciendo” –esto, parafraseando al Alcalde de Medellín Daniel Quintero, en referencia a quienes en la capital de Antioquia se han convertido en los principales contradictores de su administración y que, en el pasado, tenían las riendas de la ciudad-. Una lucha férrea y frontal que tiene que derivar en lo que, Daron Acemoglu y James Robinson denominan en su libro “Por qué fracasan los países”, unas instituciones políticas y económicas inclusivas.
El optimismo no realista se usa para explicar, en gran parte, los riesgos individuales que se asumen, en especial los relacionados a la vida y la salud. Cass Sunstein y Richard Thaler, este último ganador del premio Nobel de Economía en el año 2014, en su libro “Un pequeño empujón” nos traen una serie de ejemplos que caracterizan el problema de ese optimismo desbordado –e irracional- en la toma de decisiones. Por ejemplo, el caso de “los fumadores, ellos conocen los riesgos estadísticos de fumar, pero casi todos creen que tiene menos probabilidades de que se les diagnostique cáncer de pulmón o una enfermedad del corazón que a la mayoría de los no fumadores”.
Sin entrar a hablar del liderazgo comunitario y social, el valiente, el atrevido, el que lucha por las garantías mínimas de su comunidad, a pulso, el necesario para recoger, articular y avanzar, hoy nos vamos a centrar en el que administra, he ahí el centro del debate que hay que abrir, pues como dice la frase célebre atribuida a Albert Einstein, pero que en realidad es de autoría de Rita Mae Brown, “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.
Hay vacunas que salvan vidas y otras que, por el contrario, inciden en la baja calidad de vida de los ciudadanos en el territorio y las acaban, como por ejemplo, las que aplican, al parecer, en la celebración de algunos contratos estatales. ¡Estamos fregados con las vacunas! Las primeras, porque llegarán, según el Gobierno Nacional, ¡hasta el 20 de febrero! Y las segundas, porque esas sí que abundan.
Generar valor agregado, caminar hacia la gestión de negocios y actividades que permitan apuntalar el crecimiento económico de Ibagué, debería ser la visión a mediano y largo plazo por parte de la Alcaldía Municipal. Pregunto: ¿cuáles empresas públicas de la ciudad, en capacidad legal para hacerlo, participan en un mercado con el objetivo de competir en la venta de bienes o prestación de servicios?
Como un malabarista, así deben ser, en este momento, las decisiones adoptadas por los gobiernos en procura de retomar el control de la pandemia, de lo contrario, el arrojo al caos puede ser inminente, no lo digo sólo por el aumento en los contagios, lo digo por la otra cara de la pandemia: la crisis económica y social que cabalga a pasos acelerados hacia un abismo de pobreza que nos va tardar mucho tiempo en recuperar. El Tolima tiene un porcentaje de incidencia del 39,3% de la población en condición de pobreza monetaria, por encima del promedio nacional que se ubica en 35,7%. Esta medición que realiza el Dane “evalúa los resultados de satisfacción que tiene un individuo respecto a las características que se consideran vitales como salud, educación, empleo, entre otras”.
Desde el inicio de la pandemia nos han vendido la idea de un falso dilema entre vida y economía y, hoy, debemos ser reiterativos en que son los dos, donde debe existir una articulación perfecta entre la gestión de la Administración, tanto en prevención, como en atención de salud, para poder garantizar la reactivación económica que necesita la ciudad y que nos permite asegurar, a nosotros como ciudadanos, el mínimo vital de subsistencia.
Hace pocos días fue noticia la sanción que, la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, le impuso a la constructora Odebrecht, a Corficolombiana, a Episol y a la concesionaria Ruta del Sol, así como a sus representantes legales y otras personas naturales, por los acuerdos que se celebraron en la adjudicación del contrato Ruta del Sol -Tramo 2-. Las multas impuestas superan los $295.000 millones, nada más y nada menos que por colusión en la contratación pública, una práctica reprochable desde el punto de vista social, ético, legal e incluso hasta político, en cuanto comprometen la propia estabilidad democrática de la Nación. Esto, aún cuando en Colombia hacen carrera afirmaciones tales como que la ética en nada tiene que ver con el derecho, o actuaciones en las que un funcionario no asume responsabilidades, si quiera, con la renuncia a su cargo. La colusión es definida por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como “Pacto ilícito en daño a tercero”. Este pacto o acuerdo, según el numeral 1° del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, es un “contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas” que tiene como fin último alterar las condiciones del mercado en sus distintas acepciones, tales como: fijación de precios, alterar ilícitamente la licitación, adjudicación de contratos y repartición de utilidades o de parte de estas que afectan la libre competencia económica, lo cual, tratándose de contratos celebrados por el Estado, en una conclusión simplista pero explicativa, es corrupción, pues en el menos gravoso de los casos, lleva a que el Estado compre más caro. ¡Ruin!, pero es necesario darnos cuenta que la defraudación al Estado, a través de la contratación estatal tiene múltiples y variadas formas, que van mucho más allá de la “tradicional” coima y que implica, sólo por citar una modalidad de colusión, acordar, con todos los oferentes en una licitación, quién se va a “ganar” el contrato y, en consecuencia, trabajar entre todos para que eso ocurra, con acciones que llevarían, a los otros, a “perder” la licitación. Si alguna vez han visto algo similar, ya sabemos que, a parte de las “ías”, también podemos ir a la Superintendencia de Industria y Comercio, porque podríamos estar en presencia de una posible colusión en la contratación pública.
El 2020 ha sido un año diferente, para algunos, quizá, ha sido un buen año, pero para otros, tal vez la inmensa mayoría, ha sido un año muy difícil. El confinamiento, la crisis económica, la crisis social y el desempleo, entre muchas otras situaciones, han despertado la conciencia en la población y, este sentimiento bien encaminado, en un futuro próximo puede llevarnos a transformar la realidad y que todos estemos mejor.
