El tema de las drogas es uno de los centrales en el proceso de negociación de paz entre el gobierno y las FARC. De lo que se trata aquí es de negociar aquello que una parte defiende y que es lo mismo que la otra ataca: el negocio de la droga.

Es de analizar la magnitud que tiene el tema a negociar, ya ven que es el Gobierno el que no puede permitir que el negocio siga pero también que son las FARC, la guerrilla más antigua de Latinoamérica, la que no puede ceder así no más, sobre todo cuando está demostrado que esta es una de sus principales fuentes de financiación. Se entiende pues que el tema de la droga representa un botín político incalculable.

Los últimos cuatro años han sido de continuo debate en relación con los fracasos que ha tenido el prohibicionismo y recientemente a las nuevas alternativas de solución que han abanderado países como Uruguay, con su legalización del consumo y comercialización de la marihuana.

Ambos constituyen un pretexto adecuado para hablar en la mesa de paz de políticas alternativas frente a la droga, ya que el caso Uruguay sirvió como medidor de opinión frente al fracaso del prohibicionismo y a la necesidad de explorar nuevas alternativas.

Hay que decir que aunque la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) -organismo independiente y cuasijudicial dentro de Naciones Unidas- persiste en que Uruguay faltó a lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes (adoptada por 186 países, incluido Uruguay), la opinión pública latinoamericana sigue respaldando la iniciativa uruguaya.

En el caso colombiano, así se logre alguna negociación en este aspecto con las FARC, debemos ser conscientes de que el problema del narcotráfico y sus derivados no se van a eliminar, toda vez que aunque las FARC controlan buena parte de la producción y tráfico de cocaína, están también las bacrim y otros actores al frente del negocio. Así es que el espacio que quede sin las FARC -si es que puede hablarse de ello- será llenado de inmediato por otro actor, y eso hay que darlo por hecho.

Además, no sólo del narcotráfico viven las FARC: también de la explotación minera, de las extorsiones, del tráfico ilegal de gasolina, de la explotación maderera, del cobro por seguridad a cultivos ilícitos, el uso de pistas clandestinas y el impuesto a laboratorios, entre los más destacados.

El presidente Juan Manuel Santos ha hablado de una “Colombia sin cocaína”, algo tan insólito como “Colombia territorio libre de drogas”. Definitivamente él subestima mucho a los ciudadanos, como si todos fuéramos tan ingenuos como los que lo eligieron. Insisto en que hay que ser realistas en este tema: el negocio de la droga no se acabará ni siquiera después de la negociación de paz con las FARC.

¿Cuál podrá ser el acuerdo entre el Gobierno y las FARC en esta materia? La verdad me daré por bien servido si toda esta coyuntura lleva al Gobierno a examinar con sensatez su actual política antidrogas, a replantearla, así como al equipo de trabajo que está al frente de este tema en los gobiernos municipales, y a tomar medidas realmente integrales, formadoras y asertivas al respecto.

Se hablará también, cuando menos, que esta guerrilla no puede seguir incurriendo en economías ilegales y que debe someterse a un proceso de verdad, justicia y reparación, aspecto último que será una verdadera piedra en el zapato para el proceso de negociación.