En días recientes un grupo de líderes mundiales conocido como la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, compuesto por 25 personajes políticos, empresarios e intelectuales de todo el mundo entre los que destacan expresidentes de Chile, Colombia, Portugal, México, Suiza, Nigeria, Grecia y Polonia, se pronunció respecto de las vigentes políticas internacionales sobre drogas y la necesidad de hacer más humana, pero también más efectiva la estrategia internacional frente al fenómeno.
Uno de sus pronunciamientos estuvo dirigido a destacar la ineficiencia de los procesos de criminalización de los pequeños consumidores o pequeños eslabones de la cadena y a poner como referencia procesos alternativos e innovadores que se han venido implementando en países como Portugal, Uruguay y Estados Unidos con la legalización de la marihuana para fines recreativos y terapéuticos.
De acuerdo con la declaración, el modelo basado en la prohibición ha provocado silenciosos y gigantescos problemas sociales y de salud y debe ser replanteado.
De manera simultánea –pero no sé si en sintonía-, la Corte Constitucional colombiana se pronunció hace poco frente a la manera como la Policía nacional y la Fiscalía han venido afrontando la coyuntura de consumo y tráfico de droga aclarándole a la opinión pública que los consumidores de sustancias psicoactivas (SPA) no pueden ser considerados delincuentes ya que su situación de consumo debe relacionarse más con un asunto de salud que con uno penal.
Expresó la Corte que la dosis mínima de droga que puede llevar un consumidor dependerá de su necesidad de consumo y no de una cantidad preestablecida “arbitrariamente” por la Ley, por lo que, en adelante, se considerará el concepto de “dosis de aprovisionamiento” como la cantidad de droga necesaria propia de una persona que tiene una adicción y que deberá ser argumentada –se supone- por un concepto médico-terapéutico que éste consumidor presente a las autoridades respectivas al momento de una detención.
El pronunciamiento de la Corte habla mucho de su apertura a la discusión actual mundial sobre el tema, pero en nuestra indisciplina política, la relativización de la Ley hace bastante daño y se presentan en este caso muchas variables para analizar como por ejemplo, si un papel dice que soy adicto, ¿cuánta será mi dosis de aprovisionamiento? considerando que hay diversidad de concentraciones y que de esta diversidad dependerá la cantidad que necesite.
He conocido adictos que requieren de un “plon” (una fumada) cada 15 ó 20 minutos porque su dependencia no es sólo orgánica sino más que todo psicológica y lo que cargan es una pequeña cantidad con alta concentración, por lo que si una persona de estas carga más de 2 gramos yo pensaría que es con otros propósitos.
Ahora bien, ¿de dónde sacará este consumidor su dosis de aprovisionamiento? Lo que lleva a pensar en el trasfondo económico de esta coyuntura ya que quienes realmente se van a beneficiar son las farmacéuticas y el microtráfico (un punto débil de la actual lucha colombiana contra las drogas), a no ser que se promueva el autocultivo como una manera de contrarrestar este hecho.
Se supo que la Fiscalía aplaudió este pronunciamiento pues se necesitaban 100 fiscales para desembotellar 50 mil casos anuales relacionados con el tema, pero el proceso de todos modos sigue complejo porque no puede asumirse el pronunciamiento de la Corte –o al menos yo no lo hago- como la conclusión de un debate nacional frente a la despenalización del porte y consumo de la dosis mínima o frente al consumo de drogas como un problema de salud pública y no como un asunto penal.
Delimitar el derecho penal me parece bien pero aún no hay certidumbre sobre lo que pasará teniendo en cuenta que las estadísticas hablan de un consumo recreativo en la mayoría de la población y sólo una mínima porción de consumos problemáticos, sin mencionar la escasez de centros de rehabilitación validados por el Gobierno que, a propósito, no se sabe del papel que jugarán en todo este asunto. La discusión avanzó pero todavía cojea. Análisis.
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