| El Nuevo Día

Jue, 29/10/2020 - 07:50

Se aproxima una nueva reforma tributaria. Esperemos que por fin esta sea la primera genuinamente estructural en más de 20 años. Para ponerlo en términos llanos, por estructural se debe entender que al menos tenga una vigencia de dos períodos de gobierno, o sea 8 años. Durante las últimas dos décadas, en promedio hemos tenido una cada 18 meses. El primer proyecto del gobierno del presidente Duque iba en la dirección correcta, pero el Congreso lo cercenó, y lo convirtió en otro puñado de enmiendas eminentemente coyunturales. Si esta vez se logra, sería la oportunidad de oro para incorporar en el ordenamiento fiscal el ingrediente esencial de su modernización a fin de ponerlo a tono con el signo de los tiempos: una profunda y amplia legislación en materia ambiental, tanto desde el ángulo de los ingresos emanados de gravámenes sobre las emisiones de gases de efecto invernadero – comúnmente conocidos como carbon taxes -, así como del lado del gasto destinado a los pagos por servicios ecosistémicos, amparados por instrumentos como los certificados de reducción de emisiones.

Tales servicios ecosistémicos se desprenden del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el caso colombiano deberían concentrarse en la restauración asistida del bosque natural en páramos y cuencas; la deforestación evitada, la reforestación y la forestación; la conservación de bosques en pie; la regeneración y la conservación de la biodiversidad; la conversión de la ganadería extensiva en modalidades silvopastoriles; y la adopción de riego por goteo. Cierto que recientemente comenzaron a asomarse vestigios de la tributación verde, pero aún muy incipientes y en extremo tímidos. La tarea prioritaria debe ser ahora su consagración como un elemento clave del edificio fiscal de la Nación.

Las razones abundan por doquier. Basta con mencionar cinco de las más relevantes. La mitigación de los efectos del cambio climático materializados en el estrés hídrico, la principal amenaza que se cierne sobre la agricultura y la seguridad alimentaria; las notas del país ante las calificadoras de riesgo y los mercados financieros internacionales; el acceso a los consumidores más prósperos y exigentes del planeta, particularmente de Europa, Japón y Estados Unidos (la Unión Europea está modificando su sistema arancelario hacia ‘impuestos en frontera’ fundamentados en el contenido de carbono de los bienes y servicios importados); el ejercicio de buenas prácticas en materia de políticas públicas exigidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual Colombia acaba de ingresar; y la defensa del mayor patrimonio natural con que cuenta hoy este país y que representa la más preciosa herencia para la generaciones por venir, que es nuestra biodiversidad.

No es de extrañar que las corporaciones globales más grandes del planeta hayan empezado a fijar de manera pública compromisos en términos de plazos para alcanzar la categoría ‘carbono neutral’, no sólo como condición para la protección del hábitat, sino también a fin de asegurar su propia existencia y la aprobación de sus stakeholders. (25 sep. 2020).

CARLOS GUSTAVO CANO