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Esa vigilancia corresponde a los órganos institucionales de control, solo que ellos han demostrado que a pesar de la frondosa, creciente y muy costosa burocracia con que cuentan, no cumplen con su labor, y por ello se han ganado enorme desconfianza de la ciudadanía, igual que el Sistema de Justicia. Frente a ello se han conformado grupos espontáneos de veeduría ciudadana que realizan una valiosa labor y son percibidos como enemigos del establecimiento, por lo cual enfrentan enormes dificultades de diverso orden, incluyendo amenazas contra su vida y la de sus familias, llegando hasta el crimen, como sucedió en Ibagué a Félix Eduardo Martínez, vicepresidente de la Red de Veedurías del Tolima (Revisar), un abogado recordado por su férreo control ciudadano a la administración pública, asesinado el 19 de enero de 2003. Un crimen que atribuyeron a delincuencia común al servicio de personajes sobre quienes adelantaba investigaciones (END-19/01/2019) y que habiendo transcurrido 19 años sigue en la impunidad. Con el agravante de que hechos similares continúan sucediendo en la actualidad con tantos líderes sociales y veedores asesinados por denunciar atropellos y reclamar derechos.
Además de esos riesgos, las veedurías enfrentan serias dificultades para financiar su actividad que, para soportar los ataques y demandas que reciben deben acopiar información, pruebas y conceptos técnicos que pueden implicar altos costos, con frecuencia asumidos por los mismos veedores.
Son muchos frentes los que requieren atención de las veedurías ciudadanas, tarea que deberíamos asumir como una “Causa Común” que compromete el esfuerzo de quien quiera que aspire a que los recursos públicos se apliquen con exclusividad y transparencia a propiciar una vida digna para todos y todas y a consolidar nuestra frágil democracia. Y cuando la corrupción, la impunidad y la inequidad social han alcanzado niveles inauditos, es momento para que cada persona se sienta responsable de apoyar dicha labor, no solo con “ojos alertas e información veraz y oportuna”, con expresiones de solidaridad y acompañamiento, también, en la medida de las posibilidades, con aportes que contribuyan a financiar el trabajo que adelantan.
Y para optimizar los esfuerzos de las diversas veedurías que operan en la región y las nuevas que se puedan conformar, es vital que manteniendo la independencia y especificidad determinada por quienes las conforman, se apoyen y retroalimenten, para lo cual resulta estratégico su trabajo en redes que articulen aquellas que operan a nivel de la región y en cada municipio.
Fortalecerlas, potenciar su impacto y procurar que quienes realizan esa labor no se queden solos sufriendo la persecución de quienes fallan en el cumplimiento de sus deberes y merecen “sanción social”, es una responsabilidad ciudadana, igual que la presión para conseguir que la justicia opere en forma pronta y cumplida. Hagamos entonces que la vigilancia al buen uso de los recursos públicos, al cumplimiento de los compromisos de los funcionarios electos y órganos del Estado, sea una “Causa Común”.
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