PUBLICIDAD
Estoy de acuerdo, fortalecer y dar continuidad al programa es necesario, no solo porque el déficit habitacional sigue siendo muy alto en Colombia (más de 5 millones de unidades a nivel nacional y cerca de 150 mil en el Tolima), también porque el sector de la construcción es un importante generador de empleo, y en regiones como Ibagué y el Tolima el desempleo es muy alto, al punto que por varios años la capital tolimense aparece como la segunda con mayor desempleo en el país.
Dicho esto, es imperativo insistir en la necesidad de que se introduzcan algunos ajustes al programa para corregir serias falencias observadas y asegurar:
1) Que dicha oferta no solo atienda el déficit en las capitales sino también el de los llamados “centros poblados y rural disperso”, entre otras razones porque la oferta concentrada en zonas urbanas actúa jalonando migración del campo y de poblados menores hacia la capital, como viene ocurriendo.
2) Que la vivienda que se construya, desde el momento en que sea habitada, garantice acceso a servicios públicos de calidad, por supuesto agua potable, alcantarillado y electrificación; también escuelas, servicios de salud y conectividad con vías terciarias, transporte público y conectividad digital.
En estos aspectos ha habido fallas severas pues los entes responsables son proclives a otorgar licencias sin certeza de que, simultáneamente lleguen servicios vitales como el agua, con la calidad y continuidad requeridos, un hecho que se ha repetido en Ibagué, hasta el punto en que hay grupos de comunidades que piden no entregar más licencias, como reacción a las lamentables experiencias vividas en conglomerados que albergan gran número de personas sin contar con agua apta para consumo humano, asunto que pretenden resolver temporalmente enviando carrotanques, lo cual obviamente no es aceptable.
3) Que las viviendas sean amigables con sus habitantes, pues se observa que grandes bloques con 20 y más pisos, tienen apartamentos de 35 a 45 metros cuadrados, resultan agresivos para familias que proceden de ámbitos muy diferentes y el hacinamiento genera conflictos muy difíciles de manejar.
4) Que se aplique máximo rigor a la hora de otorgar los subsidios destinados a población de bajos ingresos; la razón es que se conoce que mediante manipulación de actores inescrupulosos, son numerosos los que entregan a personas que no los requieren y los utilizan como inversión, inclusive adquieren varias viviendas que luego ofrecen en arriendo.
5) Que haya mayor exigencia y garantías sobre la calidad de los materiales utilizados, pues se reportan viviendas construidas con materiales de mala calidad que en poco tiempo muestran severo deterioro.
Sobre este tipo de irregularidades se han interpuesto numerosas denuncias sin que los entes responsables actúen; igual sobre el hecho de que pasan por alto el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Proveer vivienda digna a la población más vulnerable es responsabilidad ineludible de los gobiernos, y las bondades del programa Mi Casa Ya son grandes, pero exige especial cuidado para garantizar transparencia y pertinencia en su ejecución; para lograrlo es imperativo contar con vigilancia rigurosa y veedurías ciudadanas muy activas que contribuyan a evitar que sea distorsionado y manipulado. Vivienda digna es justicia social y ella incluye no solo un techo, también servicios públicos y sociales complementarios.
Este artículo es de nuestro periódico impreso.
¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!
https://digital.elnuevodia.com.co/library
También lo puede adquirir en físico.
Comentarios