Toda sociedad civilizada asume como ideal que nadie sea discriminado por razón alguna; que todos tengamos similares oportunidades para realizarnos sin consideración a criterios relacionados con el color de la piel, etnia, sexo, preferencia sexual, posición económica, religiosa, política o ideológica. Respecto a la equidad de género, ha sido larga la lucha que las mujeres y muchos hombres conscientes han emprendido, con logros significativos en algunas naciones. Pero, el trecho por recorrer para alcanzar una auténtica equidad en ese campo es aún largo, porque se trata de que esa actitud se interiorice profundamente y haga parte del comportamiento usual de toda persona, sin que se requieran demandas para que se cumpla cuanto establecen la Constitución y las leyes.
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Con razón se afirma que entre los países latinoamericanos, Colombia es uno de los que presentan mayores logros legales en la materia. Pero, en la práctica, la discriminación sigue siendo muy fuerte. Lo prueban las cifras sobre violencia contra las mujeres en el ámbito intrafamiliar, el acoso sexual y laboral, el feminicidio, la mayor pobreza y desempleo, y la alta proporción de mujeres que fungen como cabeza de familia por abandono de sus parejas. Igual, la remuneración laboral es menor y su participación en posiciones directivas es baja especialmente en el campo de la política, los negocios y en las instituciones públicas y privadas.
Como la lucha por la equidad de género persiste y toca muchas fibras, se ha convertido en un tema político importante, especialmente porque el apoyo a sus reclamos se asume como gancho para motivar su vinculación y soporte a movimientos y partidos políticos con la expectativa de que ello se traduzca en votos. Así, en muchos casos, convocar mujeres para incluirlas en listas a cargos de elección popular, o para posiciones directivas en el gobierno, no solo busca cumplir cuotas de género, sino que lo adoptan como parte de la estrategia política. Entonces, poco importa la idoneidad; interesa mucho más que sean parientes o personas con quienes los caciques políticos hayan tenido una relación jefe-subalterna, que les permita gobernar en cuerpo ajeno. Así aparecen algunas mujeres en posiciones donde cumplen papeles deplorables, que ante observadores desprevenidos demostrarán incapacidad y carencia de liderazgo, situación que les permitirá afirmar que gobernar es cosa de hombres, sin tener en cuenta que la falla estuvo en el criterio con que fueron escogidas. Esta situación, hace daño a la lucha de las mujeres por reivindicar su derecho a participar con equidad.
Ahora bien, para las elecciones territoriales (gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías, consejos municipales y juntas administradoras locales –JAL) del próximo 29 de octubre, la Registraduría Nacional (corte a agosto 4/2023) reporta un total de 132.553 candidatos inscritos, de los cuales 39% son mujeres. Como referente veamos que en las mismas elecciones realizadas en 2015 se inscribieron 98.834 candidatos, de los cuales 36% fueron mujeres, lo que constituye un pequeño incremento en participación femenina. Si bien no se obtuvieron datos por departamento, para las elecciones del 2019 en el Tolima se observa un número significativo de mujeres en diversas listas y afortunadamente muchas de ellas no hacen parte del deplorable cuadro señalado en el párrafo anterior. Así que son esas candidatas que la comunidad reconozca por su idoneidad y porque no aceptarán actuar como subalternas de caciques politiqueros, las que merecen apoyo y los mejores deseos de éxito.
Los tolimenses esperamos que cumplan un excelente papel, que dignifiquen la participación femenina y trabajen para superar el lamentable retraso que presenta el Tolima como producto de la politiquería y la corrupción que hemos permitido que se arraigue, de lo cual sobran evidencias.
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