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Por ello, el Congreso, numerosos analistas, gremios y grupos ciudadanos, piden al gobierno revisar las prioridades del gasto y adoptar un régimen de austeridad que incluya, entre otras medidas, reducir la nómina oficial que ha crecido en forma desmesurada y replantear programas y subsidios asumidos sin consideración con la posibilidad real de financiarlos. Además, por supuesto, combatir con fuerza la corrupción que se queda con parte importante de los recursos públicos.
El asunto no es optativo; es obligatorio como consecuencia de que el Congreso negó el proyecto denominado “Ley de Financiamiento” presentado por el Ejecutivo, que buscaba adicionar cerca de $12 billones al presupuesto del 2025 porque consideró que en realidad se trataba de una nueva Reforma Tributaria, inviable para el país hoy.
La negativa al citado proyecto, y el llamado a optimizar el uso de los recursos públicos y a la austeridad en el gasto, es algo que la ciudadanía encuentra razonable porque no es prudente gastar más de lo que se recibe, ni hacerse ilusiones con ingresos sobre los que no se tiene certeza, y peor aún, si lograrlos genera impactos negativos a sectores de la población que verían lesionada su capacidad para subsistir.
Pero, es obvio que estos requerimientos al Ejecutivo, también obligan a las otras ramas del poder -Legislativo y Judicial- y a todos los entes que operan con recursos públicos. Por ello se percibe como una inconsistencia mayúscula del Congreso cuando, en forma reiterada niega el proyecto que busca reducir el exorbitante salario de los congresistas (en esta ocasión presentado por el Senador Cepeda, del Pacto Histórico). Y es que son numerosos los proyectos que con similar finalidad, y en varias legislaturas, han sido presentados y negados, utilizando diversos subterfugios.
¿No es este un caso de “doble moral”?. Una actitud que evidencia la irresponsabilidad de muchos congresistas con el país, al que en tiempos de campaña prometen trabajar por el desarrollo, la equidad y el bienestar de la ciudadanía antes que por intereses personalistas. Y saben muy bien cuán agresivo resultará para la ciudadanía el hecho de que, en 2025 un congresista recibirá cerca de $50 millones mensuales, bonificaciones, primas y múltiples gabelas (UTLs, viajes, viáticos, vehículos y escoltas para sí y sus parientes, etc, etc,) que representan gastos exorbitantes, un despilfarro inaudito. Esto, mientras que el trabajo que adelantan muchos de ellos, en nada se compadece con semejantes salarios y menos con los niveles de pobreza en que sobrevive una altísima proporción de la población colombiana. Y cabe destacar que de ese total de 296 parlamentarios (108 Senadores y 188 Representantes) muchos se limitan a hacer show, otros presentan o respaldan proyectos inviables o irrelevantes, y poco se ocupan de verificar el cumplimiento de leyes de especial significación.
Lo dicho hace necesario que se divulgue en forma profusa los nombres de los congresistas que rechacen el proyecto que busca reducir sus salarios y gabelas, a fin de que la ciudadanía los grabe en su memoria y los tenga en cuenta para asegurar que jamás retornen al Congreso. Procede, así mismo, animar a las nuevas generaciones para que superen el repudio que sienten hacia la política (a la politiquería) y, en cambio, participen activamente, equipados con principios éticos y el genuino deseo de servir al país, y releven a quienes olvidan las promesas que hacen en campaña.
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