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Con el congelamiento del Diesel hasta junio y las tarifas de los peajes (suaviza costos de transporte de carga de alimentos), sumado a los fertilizantes subsidiados, podría esperarse una baja en el costo de los alimentos que es el de mayor impacto en las finanzas familiares. Ahora llega el anuncio de retomar temporalmente las funciones de control y políticas generales de administración de servicios públicos, lo que se convierte en una esperanza para el bolsillo de las familias colombianas.
Desde antes de la Pandemia y mucho más durante y después de ella, comunidades de toda Colombia se han quejado del constante incremento de las tarifas que muchas veces no se corresponde con la calidad del servicio y menos con las realidades económicas y capacidad de pago de los usuarios.
Ciertamente, en lo relacionado con prestación de servicios públicos, en Colombia existe un entramado legal que configura monopolios difíciles de controlar y con formas para calcular las tarifas que aseguran que las compañías prestadoras de servicios públicos obtengan ganancias sin importar la eficiencia de su operación o la calidad del servicio.
Mientras cualquier empresa que se desenvuelva en un entorno competitivo en Colombia debe esforzarse por mantener controlados sus costos, innovar y asegurarse ventajas estratégicas para entregar servicios o productos de la mayor calidad para mantenerse en el mercado y poder obtener utilidades, las empresas de servicios públicos en Colombia operan distinto: no tienen problema por cuanto cueste su operación porque las fórmulas legales para establecer las tarifas les permiten cargar absolutamente todos sus costos, sean cuales sean, en otras palabras, no es necesario ser eficientes para tener ganancias.
Además, sin importar la tarifa cobrada al usuario ni la calidad del servicio, nunca tendrán que preocuparse por perder el cliente: al ser un monopolio, el usuario tiene que aceptar todas las condiciones y pagar lo que le cobre el operador, so pena de ser desconectado. La Superintendencia de Servicios Públicos juega un papel insignificante, lo comprobé cuando desde la Administración Municipal intentamos que le pusieran la lupa a las tarifas de Interaseo, pero entre trámites burocráticos y reuniones inútiles se difuminó la función que ellos debían cumplir.
Esos abusos en Ibagué los recordamos cada fin de mes. Celsia e Interaseo han incrementado a su antojo las tarifas desde hace años. La primera sigue manteniendo altas las tarifas sin importar los frecuentes cortes de energía que generan todo tipo de inconvenientes y daños; no pasa nada: los clientes no tenemos ningún poder de decisión. Interaseo sí que es cierto, la tarifa ha subido como espuma sin que nadie haya podido hacer nada, desde hace años una Administración Municipal le concesionó a esta empresa el servicio de aseo y montó una empresa supervisora de la que la misma Interaseo es socia mayoritaria, así tienen el control absoluto.
Alejado de los intereses corporativos y dispuesto a pisar los callos necesarios para disminuir el alza de precios que tiene arrinconada la economía familiar, Petro enfrentará la nada fácil tarea de regular las tarifas, controlar los abusos y, ojala, promover la competencia.
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