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Según sus declaraciones, la medida se tomó debido al descubrimiento de una red de corrupción relacionada con el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
Una licitación que tiene un valor aproximado de 13.4 billones de pesos para garantizar los servicios de salud a cerca de 830 mil afiliados en todo el país y que durante muchos años estuvo a cargo de los mismos operadores. Y aunque el sindicato mayoritario de Fecode intentó por todos los medios evitar la suspensión, no fue posible.
En un giro inesperado y como resultado de la gran coalición de Roy Barreras en el Congreso, el Gobierno nombró como presidente de la Fiduprevisora a Jhon Mauricio Marín, cuota política del partido de la U y quien tenía experiencia previa en el manejo del fondo de ferrocarriles, un modelo similar al de los maestros.
Esta designación generó tensiones; por un lado, Marín, en alianza con Fecode, intentó mantener el status quo del manejo de los recursos. Y por el otro lado, el Ministerio de Salud buscó, por orden presidencial, implementar un modelo en concordancia con la reforma de la salud, eliminando la figura de los operadores, puesto que, según el mandatario, existía corrupción.
Ante esta situación, al parecer, cada quien trabajó por su cuenta. Según el ministro de salud, durante seis meses se construyó un documento, en cabeza del viceministro Jaime Urrego y 40 asesores, que definía el nuevo modelo y que la Fiduprevisora debía implementar. Sin embargo, Marín tenía su propia agenda para crear en secreto una red hospitalaria con los antiguos operadores, lo que desató el caos actual.
Entre los hechos controversiales de la crisis, vale la pena mencionar la invitación publicada a las 11 de la noche con cierre a las 2 de la tarde del día siguiente para participar en la convocatoria, así como la falta de contratación de una red hospitalaria amplia basada en centros acreditados.
A esto se suma la compra del software Horus Health por más de $45 mil millones a Jorge Rocha, amigo de Marín, y más de $75 mil millones a D&G Consultores para hacer la auditoría del nuevo modelo de salud, un proceso que se dio sin cotizaciones ni estudios previos y en la que, además, estaría vinculado un cuestionado empresario muy cercano a Euclides Torres. Contrataciones que evidencian un claro conflicto de intereses.
Después de 25 días de un escándalo mediático sin precedentes desde la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio y tras más de 2.100 reclamaciones, resulta lamentable que la salud de los maestros y sus familias siga en riesgo. Como si se tratara de una serie de Netflix, continúan saliendo a la luz diferentes audios, videos y declaraciones de irregularidades, que llegan incluso a implicar al Gobierno.
Por eso, se vuelve imperativo encontrar una solución efectiva: la salida de Marín de la Fiduprevisora y la puesta en marcha de un nuevo modelo supervisado por el Ministerio y la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social y Salud (Adres), a quienes corresponde administrar los recursos y cumplir con este cometido.
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