Uno de los importantes cambios que introdujo la Constitución de 1991 fue la creación de la Corte Constitucional, a la que se le confió la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, con la función de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que se promuevan, por vicios de procedimiento en su formación, contra los actos reformatorios de la misma, la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente, que son los caminos que el pueblo soberano trazó para hacerle reformas.
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La Corte está constituida por nueve magistrados elegidos por ocho años por el Senado de la República, de ternas que presenta el presidente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo de Estado (CE). Quienes ejercieron esa función, salvo contadas excepciones, han sido juristas con suma transparencia e independencia que les permitió tomar decisiones para desarrollar valores, principios, reglas y derechos ciudadanos que generaron seguridad y arraigo en la Nación por su Constitución, que hoy los impulsa a rechazar pretensiones innecesarias de cambio.
Hoy, cinco de ellos terminan sus periodos entre el 2028-2031. No obstante, uno de ellos, Vladimiro Fernández, fue ternado por Petro a quien le debe lealtad; dos fueron postulados por el CE, pero han asumido la línea de apoyo a las políticas del presidente, como se deduce de cinco sentencias tomadas desde el 2023, que implica tener ya tres apoyos a su favor, faltándole solo dos para conseguir la mayoría.
Ahora bien, para febrero, mayo, junio y septiembre del 2025 salen cuatro por terminación del periodo. Uno de ellos lo terna el presidente, con lo que llegaría a 4. Quedaría una terna del CE y dos la CSJ, para cubrir las nueve plazas. Si en estas tres ternas logra camuflar a sus amigos, podría tener siete a su favor, con lo cual se tomaría la Corte Constitucional y si ello sucede, se terminaría de joder Colombia, porque ya no será una posibilidad sino una realidad de caer en manos de la alta corte, como ocurre con Venezuela y Nicaragua, que le aprueban al ejecutivo todo lo que proponga así sea inconstitucional.
Luego no es descabellado el “decretazo” de Vargas Lleras de convocar la asamblea constituyente por un decreto legislativo, con designación de delegados a dedo, que luego lo declaren constitucional con sus mayorías. Tenemos el antecedente del decreto que convocó la de 1991, totalmente contrario a la Constitución de 1886, pero declarado constitucional por conveniencia.
Por eso la necesidad que el CE y la CSJ, al conformar las ternas, revisen bien los perfiles, desechen los camuflados y pongan a quienes defiendan la Constitución, evitando incurrir en los errores con los designados por el CE, que hoy apoyan al presidente. Confiamos en su razonabilidad.
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