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Aquí un breve pero ilustrativo recuento que da cuenta de esto: en el 2004 el vecino país aprobó la reforma de la Ley Eléctrica; solo 3 años después, en el 2007, la electricidad de Caracas quedó en propiedad de Corpoelec, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, y ya para 2009 Venezuela tuvo su primer apagón.
Así, a partir del 2010 empezaron los racionamientos que ya entre el 2011 y 2012 se convirtieron en razonamientos forzados, desencadenando en un apagón nacional coincidente con manifestaciones post-elecciones presidenciales de 2013. Los razonamientos forzados se mantuvieron, y para el 2017 se presentó un apagón nacional en medio de protestas masivas; del 2018 al 2019 múltiples apagones tuvieron lugar y del 2020 al 2021 se sumaron planes de racionamiento; 100.000 apagones en 2022, 250.000 apagones en 2023, y en 2024 un nuevo apagón nacional durante las protestas por fraude electoral.
Hay una constante en la crisis energética de Venezuela y es que ocurren como respuesta al comportamiento del pueblo en las elecciones populares. La energía se ha utilizado como medio de control social, toda vez que los miembros de un sistema urbano dependemos enteramente de este servicio. Solo hace una semana vimos cómo el sector productivo sencillamente se detuvo al no poder prender sus industrias.
Lo curioso es que cada vez que hay protestas masivas, algo sucede con el servicio de energía que termina apagando a las ciudades. Es la tormenta perfecta: el Gobierno, con su capacidad expropiatoria se toma a las empresas de servicios públicos, poniéndolas en cabeza de incompetentes.
El resultado es casi matemático: empiezan los racionamientos por el pésimo manejo, y mientras el pueblo enardecido sale a las calles, el Gobierno responde apagando el país, recordando quién manda.
Hoy la incompetencia ha logrado consolidar otro relato, uno donde la oposición tiene la culpa. Esto sirve para mucho más que ordenar capturas injustas, aumentar la persecución y tomar decisiones constitucionales excepcionales desde palacio; esto sirve, y busca especialmente, mantener al pueblo bajo la necesidad de solventar la energía, desviando la atención hacia una crisis de absoluta supervivencia.
Más allá de ratificar la lamentable dictadura que vive nuestro hermano país, mi intención es mostrar el sinsentido de aspirar a que Colombia dependa energéticamente de otros países. Detener abruptamente la economía fósil sin un plan de transición, argumentando únicamente que el “plan” es depender de Venezuela, ya lo sabemos, va a terminar apagando también a nuestro país.
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