¡No puede haber permisividad con quien acaba con la benevolencia, inocencia, ternura o alegría de nuestros niños! Sí y sí a la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores de edad. Y no es esta una opción populista, sino una medida basada en la evidencia: está demostrado suficientemente que los psicópatas que atentan contra un ser indefenso reinciden, no podemos permitir que salgan y sigan haciendo de las suyas.
Las cifras son frías pero necesarias para poner el problema en contexto y mostrar su tamaño: según Medicina Legal, entre enero y abril de este año, en Colombia hubo 8230 denuncias por lesiones relacionadas con violencia sexual. De estas, 144 fueron presentadas por hechos ocurridos en Ibagué, lo cual quiere decir que la capital tolimense tuvo el 1,75% de dichas denuncias.
Si pudiéramos sumar la cantidad de casos que no son conocidos por las autoridades, los números se dispararían, sin duda. Adicionalmente, el rango de edad en el cual se presentan más delitos sexuales está entre 12-17 años. Una verdadera y vergonzosa tragedia.
La explotación sexual es otro delito que presenta unas cifras alarmantes. Un menor de edad explotado sexualmente no es un trabajador, sino una víctima de delito, al que es sometido por indefensión, es decir, porque alguien lo obligó, con tratos crueles, tortuosos. Ante esta realidad, existe una Estrategia Nacional de Prevención, que es liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Vale decir que el turismo sexual es la manifestación actual más evidente de la explotación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes, una plaga moderna.
Atentar contra los niños es inconcebible.
Pero no solo la violencia sexual debe ser severamente castigada. La verdad es que todo acto que viole la integridad y el derecho a la vida de los niños debe ser duramente penalizado. ¿Se han puesto a pensar que un servidor público, cuando se roba la plata destinada para la niñez, está atentando contra la salud, contra la nutrición, contra el crecimiento, desarrollo y recreación de unos seres indefensos?
Así las cosas, necesitamos una estrategia de prevención integral, total: esta debe incluir a la familia, al sistema educativo y a todo el aparato estatal, que ha de educar para prevenir y luego, si la tragedia ocurre, estar presto a atender a la víctima y condenar al criminal.
Todos, absolutamente todos los que abusen o violen los derechos de nuestros niños deben ser castigados y recibir las penas máximas. Que no le tiemble la mano a la justicia colombiana para castigar estos delitos.
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