Ese tejido deletéreo que es el llamado Bronx en Bogotá es la acumulación del resquebrajamiento social consentido por el Estado colombiano. Y no se trata del único caso de ese orden. Tiene réplica en toda la nación, en distintos grados de gravedad y con variaciones en la caracterización de las situaciones.
Las revelaciones que se han hecho alarman como si se tratara de una novedad inesperada, que no lo es, pues allí está el resultado de omisiones, complicidades y desvíos en el manejo del poder.
Aunque el artículo 1 de la Constitución dice que “Colombia en un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, esa norma no tiene aplicación.
La realidad es bien diferente. Los servidores públicos, con algunas excepciones, en vez se asumir las responsabilidades que les corresponden para garantizar el buen Gobierno se dedican a los negocios mediante los cuales se enriquecen.
El Bronx es el amasijo de la corrupción. Ese entramado de drogadicción, prostitución, extorsión, estafa, engaño, falsificación, miseria, postración y otras conductas ilícitas, cuenta con la complicidad de autoridades proclives a la ilegalidad.
Cuando no es el Bronx de Bogotá es la minería ilegal con todo su aluvión de efectos desastrosos. Es la malversación de los recursos destinados a la alimentación escolar, a la salud, a las vías, a los servicios de agua potable. Es el despojo a los campesinos de tierras de su propiedad para escriturarlas a potentados gamonales.
En el agujero del Bronx no están solamente los habitantes de la calle, o los menesterosos que esperan las sobras para paliar su hambre, o los menores desgarrados por el abandono, o los ultrajados por el olvido oficial o la represión de los delincuentes o de la Fuerza Pública, o los consumidores recurrentes de drogas en oferta.
También están los explotadores o traficantes de ese mercado de la degradación o del rebusque. Son beneficiarios de las operaciones que manejan. Y sus utilidades no son despreciables.
No basta con prender las alarmas ante ese inventario de desdichas. Ese lado tormentoso requiere de acciones que lleven soluciones que vayan más allá de la provisionalidad.
La erradicación de los factores negativos implica cambios en procedimientos y conductas a fin de que cuanto se emprenda no sea aparente o maquillaje engañoso.
Además las soluciones para problemas de esta magnitud tienen que articularse a la construcción de la paz en Colombia.
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