La situación de la Reserva Galilea es una oportunidad para unirnos en defensa de nuestro medio ambiente y recordarnos que la naturaleza es objeto de derechos, y que según la Constitución, el medio ambiente sano es un derecho fundamental de todos los ciudadanos que habitamos este país.
Mientras varias regiones sufren por la carencia de agua, los colombianos observamos casi sin inmutarnos cómo se atenta contra el medio ambiente, muchas veces con la tolerancia de las autoridades encargadas de protegerlo. Sobra legislación protegiendo el medio ambiente sano, pero el grueso de la población la desconoce y los entes estatales responsables del tema se hacen los desentendidos. De alguna ayuda puede servir un vuelo de pájaro sobre lo que establecen las normas.
Constitución Nacional:
Art. 79: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.
Art. 80: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.
Los artículos 1 y 8 de la misma Carta señalan como principios fundamentales, entre otros de nuestro estado social de derecho, la prevalencia del interés general y la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación.
Y el artículo 49, dispone que el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado. El artículo 58 garantiza el derecho a la propiedad privada de todos los ciudadanos, prescribiendo que es una función social, a la cual le es inherente una función ecológica. El artículo 63 declara que los parques naturales son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables. El artículo 67 señala que la educación es un derecho de todos los ciudadanos, y que tiene entre otros propósitos formar al colombiano en la protección del medio ambiente. Esta norma se armoniza con los artículos 95 y 98 de la misma Carta Política que disponen que son deberes de la persona y del ciudadano, entre otros. “Proteger los recursos naturales y velar por la conservación de un ambiente sano”.
Dentro de las herramientas legales con que contamos los ciudadanos para hacer efectivo este derecho y obligación de la conservación del medio ambiente sano, están las acciones populares, a las cuales se refiere el artículo 88 constitucional y los artículos 268, 277 y 289 que le asignan a los entes de control y dependencias territoriales la función de proteger las reservas ambientales
Como desarrollo de estos mandatos constitucionales se cuenta con la Ley 1551 de 2012 (Art. 3), que obliga a los municipios a velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley, además de formular y adoptar planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del suelo.
Sobran buenas intenciones con tratados a nivel internacional que los organismos de control ignoran, tanto como desprecian nuestra propia legislación. Falta formación ambiental en las instituciones educativas, en la comunidad, en las autoridades y los medios de comunicación. Falta amor por el medio ambiente y apego por la vida. No se puede olvidar que el deterioro del medio ambiente es un atentado contra la vida y el futuro, su conservación es un deber ético y legal con la humanidad. Las normas están en el papel, faltan autoridades que las cumplan y ciudadanos que exijamos que se cumplan.
Galilea destapa el abandono oficial por semejante tesoro ecológico que lleva muchos años olvidado por el Estado y ha caído en manos de depredadores, incluyendo los extractivistas extranjeros que regresan a hacer lo que les viene en gana con los recursos y los habitantes. Defendiendo a Galilea demostramos amor por nuestra tierra y por el futuro de las nuevas generaciones.
*** Sorprende por decir lo menos, la irresponsabilidad y desprecio por la naturaleza y sus habitantes, de la petrolera Hocol S.A, instalada en Purificación, que en su área de explotación, produce hace varios meses un derrame permanente de petróleo, que no ha sido controlado ni ha originado ninguna alerta o medida por parte de los organismos responsables de la defensa del medio ambiente.
Es lamentable observar cómo la práctica extractiva petrolera ya acabó con varias quebradas y el ecosistema que las rodea, y, reiteramos, hasta ahora lo que ha existido es tolerancia de las autoridades ambientales y de la ciudadanía, que tiene derecho a un ambiente sano, pero también la obligación ética y legal de defender su tierra , el medio ambiente y la supervivencia de futuras generaciones.
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