El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente, destacando que la muerte de "Terror", dejó en evidencia a varias compañías de seguridad, que actuaban como fachadas para abastecer a grupos ilegales con armas y certificar delincuentes como escoltas.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, encabezada por Yenniffer Parra, confirmó las capturas de varios individuos involucrados en este esquema, realizado en operativos en Bogotá y Barranquilla, “seguiremos con nuestras actividades de inspección y control para garantizar la seguridad de los colombianos".

Entre las empresas desmanteladas se encuentran Pretorian Security Ltda, con sede en Villavicencio; Securbel Ltda, de Bogotá; y Seguridad Sara Ltda, también de la capital, de la cual "Terror" era copropietario. Los representantes legales de estas empresas, entre ellos el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido (Pretorian), el capitán retirado José Omar Urrego Chitiva (Securbel) y Jorge Oswaldo Castaño Galindo (Seguridad Sara), fueron capturados, y sus bienes fueron objeto de extinción de dominio.

El origen de la investigación se remonta a la fuga de "Matamba", un cabecilla criminal, en marzo de 2022 desde La Picota, cuando se descubrió que varios de los involucrados portaban carnés y armas legales de empresas de seguridad. Esto llevó a las autoridades a investigar a fondo las compañías involucradas, desmantelando esta red que ofrecía armamento y servicios de escolta a criminales de alto perfil.

Se estableció que estas empresas cobraban entre 10 y 40 millones de pesos para matricular a los criminales, quienes luego pagaban mensualidades de entre 3 y 10 millones de pesos para recibir armamento y credenciales falsas de los escoltas. Los criminales, con antecedentes penales, operaban sin restricciones, facilitando sus actividades delictivas.

Entre los grupos que se beneficiaban de estos servicios se encuentran bandas como La Constru y Los Rolos, así como extraditables vinculados con el narcotráfico. En total, las autoridades han identificado a más de 60 falsos escoltas, muchos de ellos exmiembros de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia.

Como parte de la operación, se incautaron más de 170 armas de fuego, y se aplicaron medidas cautelares sobre los bienes de las empresas, avaluados en más de 1.800 millones de pesos. La Policía continúa con el análisis balístico de las armas para determinar si estuvieron involucradas en homicidios, mientras que la Fiscalía avanza en la investigación que podría destapar aún más complicidades dentro del entramado criminal.