El famoso latinajo significa que lo pactado obliga, pues los contratos son ley para las partes. Que el principio de la buena fe inspira la conducta de los ciudadanos en sus relaciones cívicas y comerciales; que honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad rigen los negocios y la prestación de servicios en una sociedad decente. Por eso extraña que algunos tolimenses crean que la ley y las buenas costumbres sean principios “moralistas” que no les aplican a sus gobernantes.
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El incidente de moras, incumplimientos y desencuentros, primero en un comodato y luego en un contrato de arrendamiento, entre la Gobernación del Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué, denota un comportamiento negligente y hasta doloso en perjuicio de la institución más emblemática del sector empresarial en cualquier ciudad del mundo. Esa misma que lleva el registro público de proponentes y comerciantes y certifica las costumbres mercantiles de una comunidad.
Todo contrato estatal obliga a hacer los correspondientes registros y apropiaciones para los respectivos años fiscales. Pero el gobernador Orozco declaró, muy campante, que el asunto no le preocupaba, pues el pleito se estaba dirimiendo en los estrados judiciales. Yo le pregunto al mandatario del Palacio del Mango: ¿A dónde fueron a parar los $128 millones impagos por concepto de impuestos y arrendamientos? ¿Dónde estaban los secretarios General, de Hacienda y Administrativo que optaron por incumplir los compromisos presupuestales adquiridos tanto por él como por su antecesor?
Les solicito a Procuraduría y Contraloría General intervenir, considerando testimonios y demás pruebas expuestas en la edición del 14 de diciembre de El Nuevo Día. También que sancionen y, si es el caso, repitan contra los responsables las multas, recargos, intereses de mora y demás perjuicios causados al arrendador por los incumplimientos de los funcionarios.
La Casa del Tolima está en el corazón de la tolimensidad. Fue aportada generosamente por la sociedad civil como embajada y punto de encuentro para medio millón de tolimenses que viven en Bogotá. Indignante el descuido con el que fue tratado el inmueble, solo comparable con el abandono al que someten desde hace tres años al Hotel Ambalá, cuyas instalaciones pudieran servir para ahorrarnos los centenares de millones de pesos en arrendamientos que gobernación y alcaldía les pagan cumplidamente a particulares cercanos a sus afectos.
Se equivocan nuestros mandatarios locales si creen que el estadio Manuel Murillo Toro puede ser usado para fiestas familiares, el aeropuerto Perales para piques ilegales de motos y automóviles, o que el cumplimiento de los contratos está a su discreción, porque las Contralorías regionales solo sirven para engordar burócratas y los procesos judiciales que los “tocan” siempre prescriben.
¿Dónde está la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura? ¿Van a pasar de agache la descarada prescripción ocasionada por marrullas entre abogados y jueces? ¿Y qué pueden decirnos del fallo de la demanda que hizo Cortolima del POT, engavetado desde hace cinco años en un despacho del Tribunal Administrativo del Tolima?
Se trata de servidores públicos que administran justicia, bienes fiscales y recursos que nos pertenecen a todos. Deberían dar ejemplo de diligencia, servicio, austeridad y cumplimiento. Lamentablemente por estos lares, contrario a lo que dice el viejo aforismo, ya no hay luz en la poterna ni guardián en la heredad.
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