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Es la razón por la cual Petro propone construir un “primer pilar” en el que Colpensiones recoja las cotizaciones de hasta 4 salarios mínimos, limitando los subsidios a estas. El que quiera más que ahorre el excedente en una AFP. Esto sacaría del ahorro privado los recursos que invierten los Fondos en el mercado financiero y de capitales, del que retienen el 18,75 % de los aportes, para seguro y comisión (3 de los 16 puntos). Ya no se acumularían en el sistema financiero como reserva parcial, sino irían directamente al gasto público. El presidente lo aclara en los siguientes términos:
“El Estado dejará de girar 14 billones de pesos anuales a Colpensiones porque esta se financiará para pagar las actuales pensiones con las cotizaciones del primer pilar. El Estado además dejará de subsidiar a las AFPs”. Además “Con 7 billones del presupuesto público que se libera de las transferencias a Colpensiones se podrá pagar un bono por encima de la línea de pobreza mensual a dos millones de adultos mayores adicionales que hoy no tienen derecho a pensión”. (Petro, trinos del 17 octubre 2021). Alcanzaría para darles $500.000 mensuales a 1’166.000 personas.
Pero el alza del mínimo también privilegia a la cúspide, porque el tope para la pensión máxima está expresado, legalmente, en 25 salarios mínimos mensuales. Para 2022 dicho ajuste fue $2’261.850 mensuales, al pasar de $22’738.150 a $25’000.000. Un incremento nominal del 10,07 % (igual al del salario mínimo) y real del 4,47 %, pues la inflación fue 5,6 %. Es cierto que a partir de su reconocimiento el resto de las pensiones se actualizan con el IPC, aunque congresistas, magistrados y otros funcionarios públicos, beneficiarios de ”regímenes especiales” ajustan sus megapensiones ¡con el salario mínimo!
La prueba de fuego la viviremos en la inminente negociación para 2023. Si Duque subió el 10,07%, Gloria Inés Ramírez, expresidente de Fecode, exsenadora por el Partido Comunista y flamante ministra del Trabajo recientemente encargada de funciones presidenciales, no aceptaría menos del 16 %, con efectos colaterales inflacionarios, de déficit fiscal e incremento de la inequidad inmensos.
El correctivo sería que el tope legal y los ajustes a los altos funcionarios se expresaran en UVT (Unidad de Valor Tributario), indicador que se creó para desindexar multas, tarifas y otros costos del Salario Mínimo. Dicha unidad se reajusta cada año con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para ingresos medios. Con ella se calculan hoy sanciones, tarifas, estampillas y precios que comenzaban a diezmar el presupuesto de los ciudadanos con su crecimiento desaforado.
Privilegios injustificados que debería abolir la Reforma Pensional, en un país donde el Estado reserva para sus burócratas el dinero que les extrae a los contribuyentes, dizque para aminorar la pobreza. Pero nada cambiará, porque los izquierdistas son adictos a la “nomenklatura”.
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