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Petro logró cooptar los partidos liberal, conservador, de la U, opositores suyos hasta la propia segunda vuelta y ninguno de ellos consentiría entregarles el apetitoso botín a sus antiguos asociados: Centro Democrático y Cambio Radical.
En algún debate por chat planteé la peregrina propuesta de que el candidato a vicepresidente vencido en la segunda vuelta quedara electo como Contralor General. Un voto directo que le daría altísimo perfil técnico y político a la fórmula presidencial y, de paso, a la alicaída institución, que asumiría también el control fiscal territorial y, por qué no, el disciplinario, que ejerce la cuestionada Procuraduría. De esta manera, los organismos de control y fiscalización quedarían ajenos a componendas burocráticas y en manos críticas, motivadas a proteger el erario común.
No será así. Cuando la bronca con las “ías” no proviene de la inequitativa repartija burocrática, los reclamos emanan de funcionarios que se sienten desarropados por una cobija que los debería tapar a todos por igual. “La Contraloría se ha convertido en una empresa de extorsión”, ha dicho Andrés Hurtado en reunión de la Asociación de Ciudades Capitales, en presencia de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor General de la República.
Se refiere a Edna Margarita Murcia Mejía, la contralora de Ibagué elegida en marzo pasado por su coalición de gobierno con 18 votos a favor y la única oposición del concejal Rubén Darío Correa. Alerta Tolima, portal electrónico de la emisora La Cariñosa (RCN), señala que el alcalde “ha cuestionado el pasado oscuro de Antonio Fajardo Rico, esposo de la Contralora quien fue vinculado con grupos de la mafia en Caquetá de donde es oriunda la pareja, donde se aseguró además que el señor Fajardo Rico, utiliza el carro de la Contraloría para movilizarse a sus anchas, permanece casi todos los días en el despacho de su esposa y emite órdenes tomando gran parte de las decisiones donde al parecer ejercería presiones indebidas para obligar a que la Administración Municipal acceda a supuestas peticiones irregulares”.
Hurtado le solicitó a Rodríguez Becerra que asuma el “poder preferente”, para que no lo siga investigando Edna Margarita Murcia, Contralora de Ibagué, sino quizá la Gerente de la Contraloría General Colegiada del Tolima, Lina María Laguna, quien trabajó con Hurtado, en 2020, como asesora jurídica externa para asuntos de contratación, en la Secretaría de Educación.
Laguna ha sido cuestionada por la veeduría Vapi, porque su esposo fue contratado por la alcaldesa de Armero - Guayabal, encargada el 6 de septiembre por el Gobernador del Tolima, en momentos en que investiga las defectuosas obras de optimización del acueducto de ese municipio, contratadas por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima (Edat), por más de $11.000 millones.
El Contralor debería denegar públicamente la solicitud de Hurtado y exigirle que haga la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. También, hacernos claridad sobre la idoneidad ética y profesional de su gerencia colegiada en el Tolima.
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