Cómo funciona el ‘negocio’

Participar activamente en estas elecciones me ha permitido comprender, mucho mejor, cómo funciona nuestra ‘democracia’. La compraventa de votos a gran escala, ocurre a plena luz del día y sin talanqueras puesto que los organismos de control hacen parte del sistema y están igualmente carcomidos. Son figuras decorativas. La legislación penal consagra 16 delitos electorales. Algunos de los cuales, como el constreñimiento al sufragante, consistente en amenazar o presionar a un ciudadano para obtener apoyo o votación por determinado candidato, son una práctica cotidiana en las oficinas públicas.

Las planillas que les piden a los funcionarios y a los prestadores de servicios, con listados de veinte o treinta votantes para mantener el puesto o el contrato son algo ‘normal’. Lo peor es que muchos de quienes las exigen ni siquiera saben que es un delito que podría acarrear prisión de hasta de nueve años, y aumentarse hasta la mitad del doble si la conducta es realizada por un servidor público. Es la nueva esclavitud política.

La compraventa de líderes funciona no sólo con mercados y ‘regalitos’, sino con el parcheo de vías, brigadas de salud y pago de cursillos. Son tantas las necesidades que los mercaderes del hambre aprovechan, al mejor estilo de la tristemente célebre Aida Merlano, para arrebatarles los votos a los más necesitados, y de esta manera sus derechos. Juro que no exagero. La ostentación y el derroche de dinero crece con el paso de los días. La falta de reglamentación hace que pueda saturarse de propaganda el espacio público, inclusive en zonas paisajísticas. La contratación de un enjambre de pregoneros, testigos electorales y personal de campaña, es otra forma de corrupción, gracias al desempleo.

Según lo estamos viendo, la ex senadora Merlano será una simple aprendiz, al lado de quienes aspiran a convertirse en los nuevos amos del partido conservador.  Por supuesto que ahí no termina la cosa. Hay que tener en cuenta el famoso ‘engrase’ a los medios de comunicación, para que construyan un clima de ‘opinión pública’, la intoxiquen o condenen al silencio a quienes les hacen oposición. Las excepciones pueden contarse con los dedos de las manos… y sobran dedos.

Se requiere una reforma política profunda, que limpie y 'resetee' el sistema. Las mafias y clanes han capturado al Estado, y de imponerse en las elecciones del 13 de marzo será imposible llevarla a cabo por la vía del Congreso, y nos dejará como único recurso una Asamblea Constituyente para ponerle coto a esta degradación política. De otra parte, las consultas interpartidistas para la presidencia están eclipsando el debate del Congreso, y no dejan ver con claridad cómo funciona el ‘negocio’, ni la necesidad de iniciar sin dilación alguna un proceso de regeneración política que salve a Colombia de este tsunami de corrupción y politiquería, auspiciado desde las más altas esferas del Estado.