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Sobre Hurtado se han efectuado afirmaciones terribles que lo comprometen con el delito de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial no justificado, concretamente con la compra y remodelación de una lujosa residencia. Varios periodistas han denunciado estos hechos sin que el alcalde diga ni mu, lo cual, de hecho, es muy mala señal. Ninguna persona decente puede permitir que se juegue impunemente con su honra, salvo que no la tenga, máxime si es un servidor público elegido por voto popular. Poseo una colección de acusaciones lanzadas por el exconcejal Rubén Darío Correa contra Hurtado, que comprometen hasta su elección misma. Correa afirma que el senador Barreto, en presencia de varias personas cuyos nombres ha hecho públicos, le habría ofrecido dinero y cuotas burocráticas para asegurar la elección de su candidato. La respuesta también fue el silencio. Esta semana las cosas pasaron de castaño a oscuro. El periodista Jorge Iván Giraldo y Correa hicieron una miniserie, “El exiliado no se queda callado”, en la cual comentan, entre otras cosas, la denuncia del portal “CambioIn”, sobre supuestos negocios del “clan del Golfo” con Hurtado, que comprometen a la actual candidata a la alcaldía Johana Aranda. Nadie ha desmentido esto. Tiene razón el director de El Cronista, Humberto Leyton, cuando afirma que “… los personajes allí involucrados deben de responder y hacer claridad sobre esta grave situación. Se trata de personas públicas que dirigen los destinos de la capital del Tolima, por lo tanto, tienen la obligación de hacer meridiana claridad sobre sus actuaciones, máxime cuando se les relaciona con delitos tan graves como el narcotráfico y el paramilitarismo”. Les vendría bien recordar el adagio: “Quien calla, otorga”. A estas denuncias debe sumarse otra que en igual sentido hiciera el medio de comunicación “Al Rojo vivo política”, respecto a presuntos acuerdos entre esa banda criminal y el “Clan Barreto” en la pasada campaña, en la cual Ricardo Orozco habría recibido también 3.000 millones de pesos a cambio de entregar contratos de la salud. Dichos contratos los habría concedido el actual candidato a la alcaldía Jorge Bolívar, secretario de Orozco. Sobre el Gobernador, meses atrás se denunció la supuesta construcción de una mansión en Valle Escondido, en Ibagué. Tampoco dijo nada.
La respuesta a estas incriminaciones no puede ser el silencio, la línea que siguen todos los implicados. Eso es desprecio absoluto por la opinión pública, prepotencia, se muestran por encima de todo poder, transmiten el mensaje de que pueden hacer y deshacer sin que nada les pase. Ahora bien, más patético es el silencio de las autoridades judiciales y de control. No existe, hasta donde tengo conocimiento, ninguna investigación, a pesar de la profusa información aportada por diferentes medios de comunicación (incluido este) respecto a tan variados escándalos. ¿No conocen acaso la figura de “actuación oficiosa”? ¿Estamos en presencia de un eclipse ético, moral, político y judicial?
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