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Error. La justicia, y sobre todo la credibilidad en ella, es la base de la convivencia, la paz y el desarrollo de los pueblos.
La Corte tiene la obligación de nombrar fiscal, de terna que le pasa el Presidente de la República. Para ello debe verificar que los postulados reúnan “las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia”. Nada más.
La falta de designación ha generado protestas de quienes piensan que con ello se busca prolongar el mandato del Fiscal saliente, al quedar encargada la gravemente cuestionada vicefiscal Mancera. Barbosa cerró su gestión con una politización inadmisible, como opositor del presidente Petro, lo cual no le corresponde. Además, su parcialización en favor del uribismo fue también un hecho notorio. No se requiere ser jurista ni politólogo ni avezado periodista para verlo.
Ahora bien, en honor a la verdad, la Corte ha tenido tiempo más que suficiente para estudiar las hojas de vida de las candidatas, y es allí en donde comienzan las sospechas de que hay magistrados en el juego político, y por eso las protestas de los seguidores del Presidente, pues el asunto se lee como un capítulo más de la oposición, con el apoyo de los influyentes medios de comunicación.
Sobre Petro planea lo que él llama un “golpe blando”, consistente en sacarlo del cargo no con cañonazos, fusiles ni bombardeos, sino con la utilización de las instituciones. De allí la declaración de Luis Almagro, secretario general de la OEA, pidiendo cesar esa hostilidad. El senador De la Calle ha rechazado esa declaración, con argumentos respetables. Pero lo cierto es que la destitución de Petro ya está en marcha, como lo subrayó Viviane Morales en su columna publicada en El Tiempo. “Este no es el proceso 8.000” (22/01/2024): “El país no ha caído en cuenta aún de que el juicio político a Petro comenzó. Tal vez, porque las decisiones trascendentales que fueron tomadas por el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigación y Acusación ocurrieron el doce y el trece de diciembre, cuando el país ya había entrado en el clima navideño”. De allí el allanamiento de la fiscalía a Fecode.
Ahora resulta que son ‘inaceptables’ las protestas contra la Corte. Perdónenme, lo realmente inaceptable es la politización de la Justicia, su incompetencia y la impunidad reinante. La mujer del César no solo tiene que serlo. Los jueces no deben tomar partido en el debate político, y la verdad verdadera es que algunos magistrados de las altas cortes, de funcionarios de la Procuraduría y de la Fiscalía, hacen parte del bloque opositor. Han dado mejor ejemplo de lealtad institucional y profesionalismo, la policía y las fuerzas militares. Cómo cambian los tiempos. Hablar de “secuestro” y de una “segunda toma” del Palacio de Justicia, porque unos ciudadanos se agolpen ante sus puertas y protesten, es una exageración que solo busca intoxicar a la opinión, desviar el debate de fondo, y asimilar protesta ciudadana con terrorismo. La Corte tiene que recuperar su respetabilidad, y para ello debe alejarse totalmente de la componenda política.
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