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De qué cambios hablamos. La Carta de 1991 no tocó el ordenamiento territorial ni el sistema político-administrativo, aunque consagró la elección popular de gobernadores y la autonomía territorial. El centralismo, pese a tener 138 años de existencia, ha fracasado en casi todo. No ha mantenido la integridad del territorio. Perdimos Panamá y parte de la Amazonia con Perú en el siglo XX, y 75.000 kilómetros cuadrados de mar con Nicaragua en el XXI. Vastas zonas del territorio permanecen bajo el control de grupos irregulares armados, en donde el Estado es solo una ficción, pese a que tenemos una de las mayores fuerzas armadas del continente (223.000 soldados y 160 mil policías). Aún así, no logramos someter a cuatro organizaciones armadas y 23 bandas criminales. Esta semana el Eln cumplió ¡60 años! Llevamos dos siglos de vida republicana en guerra con nosotros mismos. El desarrollo territorial es asimétrico. El exministro Mauricio Cárdenas, escribió hace unos años (26-06-2020, El Tiempo): "Hay 16 regiones del país con 170 municipios, en los que vive el 13 por ciento de la población colombiana, que “si formaran un país, serían el más pobre de Latinoamérica, el peor en materia de infraestructura, el más violento y, entrelazado con todo lo anterior, el país con mayor participación de actividades ilegales en su economía”. Para entender esta tragedia basta con mirar la costa Pacífica.
La justicia, por su parte, no funciona. Según la nueva ministra, Ángela María Buitrago, dice que tenemos una impunidad del 96%, a pesar de contar con una fiscalía de 24 mil funcionarios. Nuestra Corte Suprema de Justicia tiene 23 magistrados; la Corte Constitucional, 9; el Consejo de Estado, 31; 6 el Consejo Superior de la Judicatura. Los procesos judiciales duermen el sueño de los justos. Tenemos jueces y fiscales, pero no justicia. La economía tiene una informalidad laboral vergonzosa: 55.6% por ciento. En el sector rural es del 84.5%. El 85% de los trabajadores de las microempresas están en esa condición. Al menos, tres campos ameritan un ajuste constitucional profundo: Justicia, seguridad y desarrollo. Es necesario reformar el sistema político y electoral; la administración de justicia y tener un ordenamiento territorial que reconozca la heterogeneidad geográfica y cultural del país. Esto no lo va a hacer nunca el Congreso. Celebro que así lo entiendan el presidente Gustavo Petro y su nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al plantear la posibilidad de una Asamblea Constituyente. En cualquier caso, no lo tendrán fácil. Vaticino, días de tormenta y crispación.
Volvamos a las preguntas: ¿Esos cambios pueden esperar? Sí, pero mientras no se hagan, Colombia seguirá cojeando y no tendremos paz, ni justicia, ni seguridad, ni desarrollo. ¿Es factible garantizar que la Constituyente no sea utilizada para perpetuarse en el poder? Sí. Recomiendo leer con juicio el art. 376 de la Constitución y la ley 1775 de 2015. Además, tener en cuenta que se requieren 13 millones de votos por el sí, para que sea válida.
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