Ganas de comer Presidente

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), de abrir pliego de cargos contra el presidente de la República, Gustavo Petro, ha puesto en el ojo del huracán a la propia entidad, por una clarísima extralimitación de funciones. Este organismo, ni ninguno diferente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, tiene competencia para investigar al Presidente. Eso lo tiene claro cualquier estudiante de derecho. Y al hacerlo, ha empujado al Presidente a donde más cómodo se siente, al terreno de la controversia política. Es como si la nefasta experiencia del tristemente célebre procurador, Alejandro Ordóñez, que lo suspendió y destituyó como alcalde de Bogotá, se hubiera olvidado. Ordóñez quería inhabilitarlo por 15 años para ocupar cargos públicos, y miren el resultado. Petro se fue a la plaza pública, y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dio la razón. Determinó que en el proceso disciplinario contra el alcalde Petro se violaron el principio de jurisdiccionalidad, la garantía de imparcialidad, la de presunción de inocencia, y el derecho a la defensa.

La torpeza política de los magistrados del CNE, y de quienes están detrás de ellos, es monumental. Le han dado al presidente razones para confirmar que sí existe un ‘golpe blando’, y él les contesta en tres frentes: el político, el jurídico y diplomático. Le han dado una causa más para aglutinar sus bases. Podrá interponer una tutela, como lo hizo el Fiscal Eduardo Montealegre cuando la Contraloría le abrió un proceso de responsabilidad fiscal, y la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional le dieron la razón, pese a haber argumentado una figura inexistente en la Constitución, el ‘fuero integral tácito’. En el plano internacional le otorga protagonismo a Petro y despertará solidaridad. Adicionalmente, la trapisonda confirma la necesidad de un CNE verdaderamente autónomo e independiente, y no una entidad politiquera. Sus ‘magistrados’ son los porteros del club de los políticos. Es un secreto, a voces, que muchos de los procesos que adelanta están intoxicados por rivalidades políticas o motivos económicos. Cualquier persona cercana a la actividad electoral sabe de qué estoy hablando. Las historias sobre lo que sucede en ese organismo son muchas y conocidas. Las graves denuncias de la representante a la Cámara, Íngrid Aguirre, contra César Lorduy, su presidente, son un botón de muestra; en esa entidad cualquier cosa puede pasar, sin que sus ‘magistrados’ sientan el menor rubor. Su solvencia moral es deficitaria.

Este episodio enmascara una situación importante: la opacidad de la financiación de las campañas electorales, que desvirtúan la democracia De allí la necesidad de una reforma política que es inescindible de la reforma electoral, si se quiere una democracia de calidad. Sé que una reforma a fondo es difícil que se apruebe en el Congreso sin una sólida presión ciudadana, que no se dará ahora, por falta de consenso, pues cualquier cosa que se diga o haga se leerá en clave de proteger o atacar a Petro. El proceder del CNE no resiste un examen ético ni jurídico, y muestra qué tan perdidos están los sectores más rabiosos de la oposición, condenados al fracaso por carecer de propuestas a los múltiples problemas que nos agobian, y a quienes se le nota solo ganas de ‘comer’ presidente.