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Como la justicia en Colombia se ha mostrado incapaz de juzgar este tipo de relaciones y crímenes que se generaron por estas financiaciones, resultó un hecho emblemático la noticia que se pudo conocer en este mes por un fallo de un juez en la Florida que condenó a la multinacional Chiquita Brands a indemnizar a ocho victimas de los paramilitares en Colombia. El jurado según información de la prensa determinó que la bananera es civilmente responsable por asesinatos cometidos por las AUC a las que financiaron.
Según se pudo leer en el diario El País de España: “Chiquita Brands International es una multinacional bananera consolidada en Estados Unidos en 1899 bajo el nombre de United Fruit Company. Es una de las principales distribuidoras de bananos de ese país. En uno de los expedientes en Colombia, en el año 2003, se concluyó que los altos mandos de la compañía en Estados Unidos conocieron de los pagos que hacía su filial en Colombia a los grupos armados irregulares”.
Como Chiquita Brands son varias empresas colombianas y otras multinacionales vinculadas, demandadas y acusadas de financiar el conflicto, entre ellas Drumond, Ecopetrol, Postobón y Coca Cola. En esa lista de empresas conocidas hasta ahora ha sido clave la información brindada a la justicia por el exparamilitar Salvatore Mancuso.
Según su testimonio de este ante la JEP: “tuvieron algún tipo de vínculo con el despliegue paramilitar y el fortalecimiento de grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia. El armamento, vehículos, uniformes y equipos de comunicaciones no solo fueron financiados a través de economías ilícitas como el narcotráfico y el secuestro; sino a través de transacciones hechas con empresas”.
Una empresa emblemática para el país como Ecopetrol salió salpicada por Mancuso, según señaló:
“…la compañía estatal más grande del país permitió a paramilitares extraer petróleo que luego era vendido bajo apariencia de que fue sacado de oleoductos de forma legal. En la diligencia, mandos de “alto nivel” tenían conocimiento de esas operaciones y ayudaban a coordinarlas”.
El capítulo de las empresas en el conflicto armado apenas empieza a emerger como debe ser. Es como el lado oscuro que aún se necesita conocer para saber toda la verdad de los implicados en la guerra en el país. Esta condena de Chiquita Brands es un aliciente para que la justicia opere y además para que los empresarios que participaron se animen a brindar sus testimonios a la JEP.
Por el bien del país y por la consolidación de los anhelos de paz este capítulo de empresas y conflicto armado debe conocerse a fondo. Es necesario que todos los actores partícipes de esta confrontación se animen a decir la verdad para dejar atrás un capítulo amargo de nuestra historia nacional.
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