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Asombra el poco interés por dar garantías al sistema escolar y se contempla tímidamente cuando se conoce un documento de 479 páginas, que se constituye como Plan Departamental de Desarrollo, que expresa que, entre 1.848 planteles educativos, ubicados en las zonas rurales de los 46 municipios no certificados, donde la educación es responsabilidad de la Gobernación, el 69 por ciento de esos establecimientos no tiene el título de propiedad donde funcionan. Es un porcentaje que equivale a 1.275 planteles; ahí el Estado no podrá realizar inversión en infraestructura, hasta tanto se haya legalizado el predio y para ello tiene que iniciarse un proceso que conlleve a las escrituras del mismo.
Entonces suponen, ¿cuál será el estado de las baterías sanitarias, de los comedores, para garantizar un espacio propio del derecho a la calidad en la prestación del servicio de la alimentación escolar? Cada semestre obtengo información privilegiada de los derechos más vulnerados desde el núcleo esencial del Derecho a la Educación a través del análisis que los estudiantes de postgrados en la Universidad del Tolima hacen respecto a la situación que como docentes deben enfrentar y es crítica.
El documento Plan de Desarrollo Departamental dice que 924 escuelas, no disponen de los servicios sanitarios para estudiantes y docentes.
En las instituciones educativas rurales, se reciben los sujetos de especial protección y a pesar de ello, no cuentan en 92 de ellas, con servicio de energía eléctrica y 55 están sin acueducto. Todo esto ocurre en pleno siglo XXI, en la era de la inteligencia artificial; parece un caso curioso, pero corresponde a una realidad que no ocupa primeros lugares en la agenda, tampoco desvela a las comunidades, ni hace reaccionar a las administraciones, ni se convierte en un tema que produzca escándalo por el flagrante daño a la Educación.
La solución es sencilla, las vías de derecho están a la orden del día y se cuenta con suficiente jurisprudencia para que el fallo sea favorable, por lo tanto, el Derecho de Petición, la Tutela, las Acciones Populares y las Acciones Colectivas, son vías que pueden interponer las comunidades para exigir los derechos conculcados también en Educación.
Luis Eduardo Chamorro Rodríguez, a través de nuestro diario El Nuevo Día, en su conocimiento sobre el tema, ha llamado la atención con datos y análisis pertinentes, reales y actualizados, que aportan para la transformación, pero parece no despertar ningún sentimiento.
Esto es un S.O.S, por la Educación en el Departamento del Tolima, cuando estamos finalizando los primeros 20 años del siglo XXl.
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