Se ha prometido por parte del gobierno Petro que se entregará formalmente una propuesta que mejoré los rezagados niveles de crecimiento económico en Colombia.
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Entre algunas de las propuestas presentadas por el propio presidente en el foro de reactivación económica realizado en Manizales aparece la ley de financiamiento que le quitaría impuestos al turismo y a las energías limpias y bajaría la tarifa del impuesto de renta para las empresas por debajo de 30%, sin embargo, no se entregaron detalles concretos de cómo llevarán a cabo las medidas o qué estrategias se implementarán. Ya estamos acostumbrados a los anuncios sin mayores soportes técnicos.
Lo que sí hubo de parte de Petro fue una propuesta de que el ahorro privado de los colombianos en los bancos, es decir aquel dinero que las familias tienen en CDT y cuentas de ahorro para futuras inversiones o para su consumo futuro sea utilizado por el gobierno en inversiones, es decir, Petro aspira no solo a tener los dineros de los impuestos de la gente sino que además aspira a quedarse con la plata que tiene la gente en los bancos para usarlos en inversiones forzosas mediante créditos baratos con costos financieros en actividades de la producción.
El anuncio, aunque general, no deja de entenderse como una especie de expropiación de los ahorros que durante años los colombianos han realizado. Por supuesto que surgen muchas preguntas, ¿requiere del Congreso de la república para esto, o dirá al buen estilo de Chávez que el gobierno lo puede hacer sin la autorización de la rama legislativa?, ¿A quién le va a entregar los créditos, a los líderes de la primera línea?, ¿Está pensando en créditos para la economía popular y sus seguidores?, la verdad es que, aunque se necesita un plan de reactivación se le está yendo la mano al presidente con este tipo de propuestas. Lo que se conoce como inversiones forzosas no es otra cosa que la cuota inicial de una expropiación de los ahorros de las familias para hacer política petrista. Y lo más grave de todo esto es que es el gobierno el que asignaría los recursos, no el sistema financiero como actualmente lo hace Finagro y Bancoldex. Además, el gobierno no tiene la capacidad de gestión para garantizar el uso adecuado y eficiente de los recursos.
El anuncio llevará a que las familias saquen sus ahorros del sistema financiero, los más pobres empezarán a ahorrar debajo del colchón de la cama, los más ricos se llevarán la plata para bancos fuera del país, otros compararán dólares, y algunos invertirán en otros tipos de bienes, creando de todos modos un debilitamiento del sistema financiero colombiano.
En lugar de una política de reactivación estamos al frente de una política de desactivación económica. Ni el Congreso de la República ni las Cortes pueden prestarse para violar los derechos económicos de los ciudadanos.
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