La Universidad del Tolima vive la que ha sido considerada como su más grave crisis histórica. Entre las consecuencias de las políticas nacionales encaminadas al debilitamiento progresivo de la educación superior y el desgreño administrativo, la corrupción, la politiquería y la incompetencia de su cuerpo directivo, encabezado por el rector José Herman Muñoz, la Universidad del Tolima se encuentra en el abismo.
Por supuesto, no se puede dejar fuera de la responsabilidad al Consejo Superior que eligió y reeligió al actual rector y avaló una a una sus políticas los últimos tres años.
Estos son los principales responsables y por ello, con justa razón, sectores de profesores, trabajadores y algunos estudiantes han exigido la renuncia del Rector y de su equipo directivo.
En este contexto, el estamento profesoral, luego de un importante proceso asambleario que favoreció el desarrollo de importantes discusiones sobre el presente y futuro de la Universidad, presentó a la comunicad universitaria y a la sociedad tolimense una propuesta de reforma profunda de la alma máter. La propuesta resulta muy pertinente, además de sensata y positiva, por diversas razones.
En primer lugar, porque no renuncia al ejercicio responsable de la autonomía universitaria, principio básico, esencial de las instituciones de educación superior. Es una propuesta que nace del seno del profesorado, y que pretende salirle al paso a una eventual intervención por parte del Ministerio de Educación Nacional.
Además, busca refrendar la defensa del interés público y los principios misionales de la institución universitaria.
En segundo lugar, porque la propuesta parte del reconocimiento autocrítico del papel del profesorado en la crisis, y por ello, hace un mea culpa y apuesta por aportar su cuota de sacrificio de cara a las reformas que deben hacerse para que la Universidad del Tolima sea financiera y académicamente viable.
Una mayor responsabilidad con la carga académica, el establecimiento de la prohibición de sobrecargas en posgrados, el reconocimiento de la necesidad de que sean los profesores de planta quienes asuman las direcciones de programa, la prohibición de viajes a eventos innecesarios o con ponencia repetidas, entre otras medidas, dan cuenta del espíritu que se invoca en la propuesta.
En tercer lugar y en estrecha relación con el punto anterior porque, a diferencia de las propuestas de ajuste presentadas por el rector, de un lado, y por los decanos, del otro, la iniciativa de los docentes ataca la raíz del problema, ligado a la elevada carga burocrática y clientelista que ha venido absorbiendo a la Universidad, tanto en el nivel central como en las facultades, verdaderos feudos a disposición de los decanos de turno.
En efecto, el rector en su propuesta deja incólume la nómina paralela y su ejército de asesores -verdaderos papanatas e incompetentes- y dependencias clientelizadas; entre tanto, la propuesta de los decanos hace lo propio con sus propias estructuras burocráticas y hace énfasis en la eliminación del restaurante y las residencias, sin tener en cuenta el impacto negativo sobre las condiciones de los estudiantes de más bajos recursos.
Paradójicamente, la dirección universitaria, sus decanos y hasta ahora el Consejo Superior e incluso el Ministerio, poco o nada han tenido en cuenta esta propuesta a la hora de discutir la forma como la Universidad del Tolima podría salir de tan difícil situación.
Este desdén no es más sino el reflejo de los intereses espurios que aquellos directivos tienen, en consonancia con su espíritu corporativo. Este es precisamente el drama mayor que afronta la Universidad del Tolima desde hace unos años: intereses ajenos a su naturaleza viven en función de repartirse el botín.
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