La polémica por el excesivo cobro del impuesto predial ha dado un giro importante, pues el alcalde Jaramillo cedió desde su posición inicial de continuar con el cobro a como diera lugar, para darle paso a una solicitud a la Presidencia para determinar un aumento no superior al 25% en los estratos 1, 2, 3 y 4; en esta misma dirección han trascendido sus conversaciones con el Concejo. Atrás quedó la arrogancia y la soberbia con las que el señor alcalde y su secretario de Hacienda respondieron al comienzo de la polémica y tuvieron que reconocer que sí se cometieron errores y que, por tanto, era menester revisar todo el proceso, con la consecuente pérdida de credibilidad y legitimidad de la actualización y del intento de recaudar más recursos por esta vía.
De la necesidad de hacer la actualización y cerrar la brecha entre el avalúo catastral y el comercial no debería existir duda alguna. Es claro que en la medida en que la ciudad se expande y sus terrenos se valorizan, se hace necesario un mayor músculo de recursos públicos para atender las crecientes necesidades de infraestructura en una ciudad como Ibagué, donde los recursos propios apenas representan una cuarta parte del total de sus ingresos. Por ello, resulta lamentable que algunos quieran obtener réditos políticos de la actual situación, levantando la bandera del populismo tributario. Los mismos que, de manera irresponsable, hicieron aprobar un POT lleno de irregularidades y chambonadas y evadieron la responsabilidad de hacer la actualización catastral para congraciarse con sus amigos y favorecer los intereses de unos cuantos dueños de tierras -con la anuencia de algunos formadores de opinión de la ciudad quienes en el pasado guardaron silencio frente a irregularidades de marca mayor como lo sucedido con los recursos para las obras de los Juegos Nacionales- son los que al parecer ahora quieren instrumentalizar el legítimo descontento de la ciudadanía para esconder sus inconfesables motivos y lograr sus propósitos políticos electorales. Quieren pescar en río revuelto.
Pero más allá de los intereses de quienes quieren azuzar el descontento ciudadano, esto no exime de responsabilidad a la administración municipal ni mucho menos al IGAC, la entidad encargada de responder técnicamente por la actualización catastral. Es claro que el IGAC tiene que dar explicaciones. No puede ser que la entidad idónea para este tipo de trabajos salga con semejante cantidad de errores. O si hay irregularidades, esperar los resultados de las investigaciones por parte de las autoridades competentes y determinar si hubo gato encerrado en todo este asunto.
No obstante, a pesar de que en principio se esperase que el IGAC hiciera bien su trabajo, está claro que faltó supervisión y control del proceso técnico de la actualización por parte de la administración municipal.
Precisamente por la importancia que revestía la actualización, faltó hacer auditoría de la recopilación de información, de las visitas, del grado de capacitación del personal contratado para llevar a cabo el trabajo de campo y la sistematización de la información, etc.
No puede ser que la actual administración aplique la “microgerencia” para inaugurar parques biosaludables en horas de la mañana, asistir a eventos en la tarde y echar discursos en los barrios en la noche y que no haya entendido la importancia de hacer un juicioso seguimiento al convenio con el IGAC. Ya es hora que la administración dedique menos tiempo a las actividades que dejan réditos mediáticosy se concentre en los asuntos más importantes.
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