Colombia, sin lugar a dudas, ha venido avanzando hacia la equidad y la igualdad respecto a los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, académico, social y político; pero aún se necesita romper demasiados paradigmas de exclusión y de discriminación.

Las adversidades a las cuales la mujer colombiana tiene que enfrentarse - en sus diferentes niveles sociales, son múltiples, por ello abordar este tema en nuestro país exige la necesidad de reconocer todas sus facetas silenciosas, sus luchas infatigables, en medio de dificultades, pobrezas, e inseguridades. Más allá de las nobles intenciones legales que han venido posibilitando formalmente su reivindicación, existe una realidad de carne y hueso en todos los niveles sociales que de una u otra forma pone en evidencia el maltrato, el abandono y la desidia.

En las mujeres de bajos recursos encontramos las que se desempeñan  en trabajos que no tienen reconocimiento, como son las actividades domésticas, igualmente las que están expuestas a todos los riesgos propios del ejercicio de la prostitución - dolorosa realidad de la cual no podemos marginarnos-; otras huyen en este momento –a causa del conflicto interno- con sus hijos a cuestas, buscando refugio que les permita un día más de sobrevivencia.

En la clase media baja encontramos mujeres que centran todas sus posibilidades de realización personal en el poder ubicarse como vendedoras, cajeras o como empleadas de oficios de nivel similar, quedando a la vista de prejuicios y menosprecio social, al considerarlas marginales y poco significativas. 

En las mujeres de nivel económico más alto, igualmente, encontramos avances pero también obstáculos, entre ellos: la Ley 581/2000 conocida como Ley de Cuotas, la cual establece que las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública y estableció un mínimo del 30 por ciento en los cargos de máximo nivel decisorio de carácter administrativo en las tres ramas del poder público y en otros niveles decisorios con atribuciones de dirección y mando en la formulación, planificación, coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado, pero a pesar de ser obligatoria esta norma se cumple parcialmente; sólo 137 entidades de un total de 1174 instituciones la aplican. Y al hablar de los cargos de elección popular, la situación no es muy diferente, desde 1991 la representación de las mujeres en la Cámara de Representantes ha oscilado entre el 8.4 y el 12.7 y en el Senado entre el 7.2 y el 13.43.

El panorama mostrado deben ser alarma y referente para la reflexión: ¿qué democracia se quiere para Colombia? 

¿Cuáles son los obstáculos para construir una verdadera Democracia Igualitaria? ¿Cómo construir agendas políticas para el logro de una verdadera justicia de género? ¿Ha logrado realmente la mujer conquistar un espacio propio y diferenciado dentro de nuestro país? 

Todos los interrogantes que se levantan entorno a esta reflexión, quedan reducidos a una sencilla y conocida respuesta: No, en Colombia las mujeres hoy por hoy siguen siendo objeto de discriminación.

De nada sirve la homologación de la mujer y el hombre en el terreno laboral, si no se equipara la oportunidad de acceder a la capacidad de ejercer; de nada sirve la discriminación positiva tendiente a garantizar la equitativa participación de la mujer en los cargos administrativos, si su aplicación ha quedado suelta al arbitrio de los gobernantes; de nada sirve el postulado constitucional que posibilita a todas las mujeres a elegir y ser elegidas, si no se posibilita la igualdad efectiva y real de la mujer dentro de la conformación de las listas de los partidos políticos.

La participación de la mujer no es un asunto exclusivo de las mujeres, debe ser postulado y máxima de la Democracia. Su nombre debe encumbrarse en ella porque no solo es equivalente a igualdad y equidad, sino que es sinónimo de existencia perenne.