Acuerdos de paz y desplazamientos forzados

Vie, 08/10/2021 - 18:27

Nos lamentamos por los campesinos e indígenas que encontramos en semáforos, parques y calles de nuestras ciudades, como si el problema fuera estético, como si fueran residuos urbanos que solo afean los espacios públicos; y sentimos que aumenta nuestra sensación de inseguridad sin pensar en la inseguridad real en derechos de las víctimas de dicha crisis social y humanitaria producida por el desplazamiento forzado.

Recordemos que Colombia desde mediados del 2021 es el país con el desplazamiento humano interno más grande del mundo, con 8,3 millones de víctimas errantes (sin contar inmigrantes), después de Siria (6,7 millones) y República del Congo (5,2 millones). Estos son los resultados de la falta de voluntad política por cumplir a cabalidad los Acuerdos de paz, a cinco años de su firma, pero también de las amenazas de “hacerlos trizas” por parte de quienes promovieron su rechazo en el inoportuno plebiscito.

En efecto, sólo se ha distribuido cerca del 18 % de las millones de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras; la Unidad correspondiente ha tramitado ante los jueces solo el 21 % de las solicitudes de restitución de tierras despojadas; del Programa de Sustitución de cultivos ilícitos el 95 % de las familias que se comprometieron a erradicar voluntariamente sigue sin vincularse a un proyecto productivo lícito; la Reforma Rural Integral prometida no ha tenido desarrollo normativo; sigue pendiente la Ley de Tierras y el Sistema Nacional Catastral, y así sucesivamente: qué bueno que leyéramos los informes periódicos de la Universidad de Notre Dame, USA, que ha hecho el seguimiento en la materia.

Antes de los mencionados Acuerdos (2004), nuestra Corte Constitucional estableció el “estado de cosas inconstitucional” en relación con la población desplazada por su condición de extrema vulnerabilidad e indefensión que genera dicha condición y la incapacidad institucional del Estado para su protección; por esto ordenó una política pública que destine recursos financieros de suficiente cobertura para dicha población, sin que ello se haya cumplido.

En el mismo sentido acaba de pronunciarse la Comisión Interamericana de DD.HH. (sept. 2021), preocupada por el “notable aumento del desplazamiento interno en un 135 %” respecto del mismo periodo anterior por hechos de violencia vinculados al control territorial para la construcción de infraestructura; así mismo por amenazas a líderes sociales en el reclamo de territorios de familias y comunidades desplazadas. También denunció esta instancia de la ONU “los escasos avances en la implementación del Acuerdo de Paz…respecto de sustitución de cultivos ilícitos y Programas de Desarrollo Económico”, exigiendo al Estado colombiano adoptar medidas de retorno, reasentamiento y reintegración local, y en general a cumplir los Acuerdos como herramienta idónea para enfrentar las causas estructurales de la violencia.

MAURICIO MARTÍNEZ