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La polémica surge en medio de la pandemia por Covid-19, que deja a los músicos con ninguna posibilidad de realizar espectáculos abiertos al público. Esta industria cultural, afín a la economía naranja, genera regularmente más de 21 mil empleos y este año perdería cerca de 250 mil millones de pesos, tras la suspensión obligada de giras, fiestas, eventos, conciertos, etc.
En medio de la crisis sanitaria, los artistas de todos los géneros musicales han incursionado fuertemente en las plataformas digitales para no dejar caer la industria que será la última en recuperarse y generar de este modo algunos ingresos. No en vano, Asocespro ha manifestado que tiene la intención de cancelar los derechos por sus presentaciones en las plataformas digitales, pero de ninguna manera acepta el incremento dictatorial, negociado e injustificado de las tarifas.
En la otra orilla está la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco Acinpro, que argumenta que los recursos recaudados son distribuidos en 9.000 socios, que reciben recursos entre $300.000 y $2.500.000. Lo que requiere la atención urgente del Gobierno es que esta institución privada sigue contando con unos privilegios exorbitantes, es sindicada de tener una burocracia galopante y cuenta con un poder desmedido que ni siquiera la DNDA es capaz de regular y vigilar adecuadamente.
Como si fuera poco, en su defensa, Sayco se escuda en acuerdos internacionales, lo que resulta controvertible, pues su jurisdicción se circunscribe a las fronteras colombianas y su accionar legal no puede superar los límites constitucionales. En este sentido tendrá que dar cuentas públicas sobre su sistema de recaudo y distribución de recursos, así como pormenorizar sus gastos de funcionamiento y explicar bajo qué argumentos aplica cobros diferenciales.
A su vez, la DNDA deberá responder por su poca capacidad de regulación o alcahuetería con Sayco. Este contubernio entre la Sociedad y la Dirección Nacional de Derechos de Autor es sospechosa y exige toda claridad y si es el caso intervención legislativa o gubernamental, pues al parecer, el organismo estatal habría perdido objetividad sobre su regulado y parece hoy más su apéndice.
Los temas a resolver no son pocos, por un lado, se requiere absoluta claridad sobre el índice de gastos de Sayco y el alcance de la supervisión de la DNDP entre los años 2015 y 2019, así como detallar cuántas auditorías se han realizado y por qué no se han aplicado las sanciones a la Sociedad por extralimitar su tope de gastos en más de un 20%. También es hora de develar su verdadera estructura administrativa, los sueldos de cada funcionario, los gastos de representación legal, viáticos, primas y comisiones, el número y salarios de asesores, entre otros.
En este sentido, desde el Partido Conservador, estamos haciendo las gestiones necesarias para realizar un debate a Sayco y a la DNDA, pues es evidente que existirían anomalías administrativas y un abuso en el marco tarifario, hoy en el ojo del huracán por el estado de Emergencia Económica y Social que vive toda la Nación.
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