Tras el bochornoso espectáculo que acaban de protagonizar el Gobierno y el Congreso con la Reforma a la Justicia, la pregunta lógica es: ¿Y ahora qué? Porque es indiscutible que se requiere de una reforma a la Justicia, eso, sin duda, pero también que el Congreso ha quedado moralmente impedido para hacerla. Lo obvio, entonces, es que se abriera paso una Asamblea Nacional Constituyente y que se revocara el Congreso actual. Así de simple.

En este mismo diario, el columnista Alfredo Sarmiento se quejaba del manoseo a que ha estado sometida la Constitución del 91 en estos 20 años. En igual línea argumentativa el jurista Camilo González hacía referencia a las 35 reformas que ha tenido la Carta Magna. En realidad, a esta altura del partido uno ya no sabe si la Constitución del 91 es la Constitución del 91. Carece de unidad de espíritu, es más bien, como lo han dicho diferentes personas, un verdadero Frankestein. Las fuerzas políticas enemigas del espíritu pluralista, democrático y modernizante del 91 la han desfigurado. Lo único que no se han atrevido a tocar es la acción de tutela, posiblemente la institución constitucional más popular de todas. De resto, el frenazo en materia de descentralización y autonomía, por ejemplo, ha sido evidente.

En mi opinión, los colombianos deberíamos retirar inmediatamente al Congreso la facultad de reformar la Constitución. No ha sabido honrar esta facultad, no se ha hecho respetar del Gobierno y se ha prestado para expedir actos legislativos de espaldas al pueblo, llegando a acuerdos a altas horas de la noche en recintos privados y no en el Congreso de la República.

Es un Congreso políticamente dócil, que come en la mano del Ejecutivo las lentejas que este le da. La verdad verdadera es que se salvan muy pocos senadores y representantes, la inmensa mayoría de ellos es indigna de estar allí. Venden a los electores sin ruborizarse y traicionan la confianza que les ha sido depositada. Lo más triste es que el Gobierno parece cómodo con este Congreso, gracias a que goza de amplias mayorías.

Pero lo cierto es que desde hace varios años existe un contubernio entre el Ejecutivo y el Legislativo, al que de tarde en tarde se suman las altas cortes judiciales. Se trata de una auténtica repartija de privilegios entre las élites burocráticas, de espaldas al país. A veces pienso que es verdad lo que en algún momento dijo Jorge Luis Borges, respecto a que América Latina no se merecía la democracia. En realidad, vivimos instalados en un remedo de democracia. Las credenciales de senador y de representante parecieran más una patente de corso para la consecución de prebendas y canonjías que lo que deberían ser: los padres de la patria.

¿Qué va a pasar con la Justicia? Nada. Seguirá igual, es decir, fatal, inoperante y represada. Pero los colombianos no deberíamos resignarnos a esta situación, deberíamos rebelarnos y mostrar nuestra indignación. Colombia necesita unas instituciones modernas, transparentes ni secuestradas por la politiquería. La justicia es el pilar fundamental de las democracias. No podemos resignarnos a seguir como estamos. Reitero que lo primero es retirar la facultad constituyente al Congreso. Si el presidente Santos se atreviera a dar un salto hacia adelante, creo que muchas personas le acompañarían. Pero creo que va a sucederle lo mismo que a Andrés Pastrana en su momento, cuando intentó una reforma por una vía extraordinaria, mató el tigre y se asustó con el cuero. Es habitual que los presidentes se asusten del engendro con el que gobiernan, pero el pueblo no debe asustarse a ejercer el poder que tiene, el poder constituyente.