Sin lugar a dudas, uno de los logros importantes alcanzados por la Comisión negociadora del proceso de desmovilización y dejación de armas de las Farc, es el acuerdo para la creación de una “Comisión de la Verdad” que se encargará de entregar al Estado colombiano un informe final sobre la realidad del desangre, desplazamiento forzado y violación de los derechos humanos en los últimos 70 años.
Con un solo antecedente en Colombia (La del holocausto del Palacio de Justicia) y numerosos a nivel mundial (El Salvador -1992-, Sudáfrica -1994-, Perú -2000- y Chile -1990-, entre otras), se busca tratar de explicar los orígenes y la degradación del conflicto político, social y armado vivido en el país desde 1948, como medio válido para cerrar las heridas y construir memoria histórica nacional.
En el Tolima celebramos este trascendental logro, por ser este territorio uno de los más afectados y en donde la información oficial y periodística ha estado contaminada y, con contadas excepciones, alejada de la realidad.
Las víctimas, importante soporte para reconstruir la historia, serán el factor clave de apoyo para la comisión. De igual manera, los actores estatales y armados, con la mayor cuota de responsabilidad, deberán contar su verdad, teniendo en cuenta que sus confesiones en esta instancia no tendrán ninguna consecuencia judicial.
El optimismo nos lleva a pensar que el actual proceso tendrá un exitoso final. Esta la razón para creer que los tolimenses no estamos muy lejos de conocer una versión más aproximada a lo realmente sucedido en una de las épocas más trágicas de nuestra historia.
Hay mucho por saber en el Tolima. Una extensa porción del país en la que se conjugaron todas las formas de violencia. Desde el paramilitarismo, la subversión armada y las bandas criminales, hasta la estatal, por parte de integrantes del siniestro y desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), esquiroles de la Policía Nacional y parte del oficialato de las Fuerzas Militares. A las cuales se unieron, con su apoyo directo o indirecto, sectores de la clase política, comerciantes, industriales, organizaciones gremiales, hacendados y sectores populares.
También tienen su parte de responsabilidad integrantes de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, quienes por acción u omisión coadyuvaron al desangre humano vertido sobre ríos, llanos, valles y cordilleras del Tolima.
Desde esta misma tribuna, en caliente y cuando ocurrían los hechos, denunciamos cómo funcionarios del órgano de investigación judicial nacional se convertían en el Tolima en cómplices del paramilitarismo y el narcotráfico. Uno de ellos dictó una orden de captura contra uno de los capos, con número de cédula cambiada, lo cual mantuvo al narco libre durante algunos años, gracias al favorcito del fiscal. Otros, archivaron procesos de políticos, empresarios y servidores públicos con vínculos directos con ellos, cuando las pruebas demostraban lo contrario. O evitaron profundizar en la investigación para provocar por inanición la muerte del proceso.
Para no mencionar la complicidad demostrada, y solo castigada en parte, de la dirigencia política que por mantener su ambicioso poder regional y nacional le vendieron su alma a los actores violentos, a costa de miles de muertos y desplazados en el Departamento.
Luego, los tolimenses esperamos que algún día podamos mirarnos en el espejo de la historia y conocer la verdad que dignificará a las víctimas y aportará en la búsqueda de la no repetición de tan indignantes hechos.
De conseguirse, quedaremos satisfechos, así los criminales sigan libres.
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