El desplazamiento a Ibagué de una comisión de investigadores y fiscales de Bogotá con el único propósito de seguir la huella al contrato de diseño de los escenarios deportivos que tendrían como sede competencias en nuestra ciudad, al menos es alentador.
Pero este solo hecho no garantiza que lo tantas veces denunciado vaya a ser debidamente investigado y castigado.
Desde 2001, cuando se posesionó el hijo de Mario Rodríguez y Rodulfa Díaz como alcalde, medios periodísticos, veedurías ciudadanas, concejales y sectores gremiales hemos denunciado hechos notorios de corrupción y enriquecimiento ilícito de personajes que han llegado al ejercicio público con el único fin de hacer añicos el patrimonio de los ibaguereños, y nada ha pasado.
Por el contrario, quienes así actuamos, sufrimos la persecución de la Fiscalía que hace eco al sinnúmero de querellas penales por calumnia e injuria a la que acuden tan nefastos personajes y a diario hacen alharaca de ellas algunos medios de comunicación para amedrantar e intimidar el control social, periodístico y ciudadano.
Y las denuncias contra los gobernantes prescriben o se archivan “víctimas del sistema penal acusatorio”, como suelen justificar constantemente los acuciosos investigadores.
De ahí lo alentador, que una comisión foránea venga con el único propósito de meter muela a lo que no dudamos terminará convertido en un nuevo “Panóptico” de Ibagué.
Parafraseando al empresario Henry Escobar Ceballos, quien promete irse de Ibagué y el Tolima si alguno de sus “enemigos”, los hermanos Jaramillo Martínez, llega al poder municipal o departamental, yo estoy dispuesto a hacer lo mismo si los contratistas de los escenarios de la 42 y el Parque Deportivo cumplen con sus contratos suscritos con el Municipio.
Porque es que los diseños contratados y que son materia de indagación criminal nunca fueron concluidos y están servidos en bandeja de plata para que los consorcios Unión Temporal Parque Deportivo y Escenarios Deportivos 2015 acudan a la adición económica y justifiquen el incumplimiento de los tiempos establecidos en los contratos.
Y a fe que lo han hecho. Las constancias escritas y memorandos que como huella vienen dejando ante el contratante y la interventoría, tienen el mismo derrotero que en su momento tuvo el contrato 060 de 2011, celebrado entre el Ibal y Acualterno, que hoy tiene paralizada cualquier ejecución de recursos para solucionar el problema del agua en la ciudad.
Y es atrevido afirmar que todo obedece a un horroroso plan previamente concebido, pero las evidencias no dejan deducir conclusión distinta, sobre todo, cuando de los mismos funcionarios y contratistas escucho decir que quien en la realidad elaboró los diseños actualmente investigados es la misma persona que contrató y ejecuta la interventoría a una de las obras.
Solo falta para la ecuación, que el mismo abogado asesor de la contratación en el Imdri sea el abogado en las futuras demandas que sobrevendrán contra el Municipio.
Y cumplo si pierdo, porque entonces entenderé que aquí ya no hay más que hacer.
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