Nelly Villamizar, magistrada del Consejo de Estado, nos sorprendió a todos los colombianos al hacer pública su tajante decisión de no ceder un ápice respecto a la orden de cierre de más de 200 industrias del cuero en el sector de San Benito de Bogotá, que contaminaron, han contaminado y siguen contaminando las aguas del río Tunjuelito, de Bogotá.
“Debe primar el bien colectivo” ha dicho con fortaleza la magistrada, y “no el de unos particulares que tuvieron demasiado tiempo para legalizar sus industrias”, reafirma la servidora pública judicial.
“No puedo seguir amparando empresas ilegales que contaminan el río Tunjuelito y perjudican la salud de las personas que viven en sus alrededores, so pretexto de que van a quedar un poco de familias desempleadas”, itera decididamente la magistrada.
La mano dura de Nelly Villamizar, como calificó la actitud valerosa de la funcionaria el diario El Espectador en su edición del pasado 21 de octubre, da un giro radical en el manejo administrativo y judicial que se ha dado históricamente a cargo de las autoridades ambientales y jurisdiccionales al problema ambiental en Colombia.
Este claro ejemplo, no sólo de valentía sino de cumplimiento del deber funcional como servidora pública, me produce envidia de la buena como ibaguereño y tolimense.
Porque es que en Ibagué y el Tolima carecemos de servidores o servidoras públicas que, como en el caso de la magistrada Villamizar, tengan la decencia y el sentido del cumplimiento del deber que nos permita sentir que nuestros derechos fundamentales elementales colectivos son garantizados administrativa o judicialmente,.
Aquí en Ibagué y el Tolima, a pesar de las acciones administrativas y judiciales populares que se han presentado, ha sido imposible que nuestras autoridades jurisdiccionales obliguen a constructores y depredadores del medio ambiente a cumplir la normatividad ambiental y los Planes de Ordenamiento Territorial.
La destrucción de las fuentes hídricas, de las zonas verdes, de las zonas de protección ambiental, de las áreas comunes y de espacio público o comunitario ha sido burlada por las decisiones de las curadurías urbanas, las oficinas de Planeación municipal y la autoridad ambiental que direcciona la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, en favor de los constructores y depredadores ambientales.
Es un hecho innegable que las fuentes hídricas que alimentan las microcuencas con nacimiento en los cerros noroccidentales, del afluente del río Chipalo, del río Coello, y de la gran cuenca del río Combeima, han sido poco a poco destruidas con la complicidad y benevolencia de las autoridades ambientales.
Y ante esto, entidades como Cortolima y los comités ambientales que hoy reivindican un trabajo inexistente y cómplice han guardado y siguen guardando silencio, porque sus fines y propósitos son totalmente diferentes a los que pregonan.
Felicitaciones, magistrada Villamizar, y esperamos que sus decisiones judiciales lleguen pronto al Tolima para callar a tanto politiquero barato.
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