La lucha por el poder político en el Tolima en el actual período electoral, está llena de ingredientes muy similares a los del nefasto pasado. Por un lado, una propaganda sucia hacia la contraparte, igual a la que vivimos en Ibagué en la campaña para la Alcaldía - período 2001 a 2003 - y que concluyó con la condena por los delitos de injuria y calumnia contra el progenitor del candidato y posterior alcalde Jorge Tulio Rodríguez Díaz (Mario Rodríguez Padilla). Por el otro, la presencia de la misma gavilla que reagrupa a quienes para la época arañaban el poder y que hoy, después de obtenerlo y usufructuarlo, se resisten a perderlo, por lo que utilizan y utilizarán - de ser necesario - las mismas innobles y macabras armas para conservarlo.
De ahí, la necesidad de digerir sin afugias la información que mediante entrevistas, comunicados, ruedas de prensa y falsas noticias, candidatos, voceros y ventrílocuos irradian a diario por los múltiples medios de comunicación digital, radial, televisivo e impreso. Pero además, y de suma importancia, es el deber de los demás aspirantes y sus cuadros de campaña, de no responder con los mismos medios e instrumentos, pues es este uno de sus principales objetivos: hacerlos caer en el juego sucio y evitar el debate sobre lo trascendente e importante del debate político que desnuda y hace visible los reales intereses que los motiva y representan. “Por sus obras los conoceréis”, solía decir el ex congresista Emilio Martínez en épocas pretéritas, parafraseando términos bíblicos, cuando tenía autoridad ética y moral para hacerlo. Perdidas estas, se abstiene de decirlo, pero para los potenciales electores recobran vigencia, y es el mejor referente para tomar una decisión cimentada, acertada y de conveniencia regional.
Hay quienes alegan supuestas inhabilidades electorales de aspirantes a la Alcaldía de Ibagué y a la Gobernación del Tolima. Lo más sano, tanto para el proceso electoral como para el debate político, es que aparte de hacer la bulla mediática, parapetados en la libertad de expresión y en estribillos cobardes como “se dice”, “se comenta”, “al parecer”, “me dijeron”, hagan uso de las acciones judiciales y administrativas para demostrar lo que afirman, o presumen saber, y evitar la elección de quien o quienes estarían inhabilitados para ejercer el cargo al que aspiran. Vociferar ante los medios y ante la opinión pública regional y nacional como lo ha venido haciendo el tristemente célebre ex senador y expresidente del congreso, Carlos García Orjuela, solo deja al descubierto la angustia por la orfandad de poder que lo aqueja y que no le alcanza para mantener a su hijo en la costosa diplomacia internacional.
Las inhabilidades de quienes quieren aspiran a ejercer la Función Pública, no solo son jurídicas y electorales, sino tienen y deben además ser éticas. Y tanto el ex senador Carlos García, como sus compinches, Emilio Martínez y Mauricio Jaramillo, adolecen de ellas. Los tres son reconocidos miembros del club de la lagartería nacional, quienes se han beneficiado del poder político y lo han utilizado como instrumento abusivo de poder y de beneficio personal. Emilio Martínez está condenado por peculado, Carlos García estuvo acusado por vínculos con el paramilitarismo y favorecido por el beneficio de la duda, y Mauricio Jaramillo goza de impunidad, a pesar de estar sancionado como constructor ilegal, por citarle solo una de sus fechorías.
No es lógico entonces, que la candidata Rosmery Martínez, con todo el derecho que le asiste a hacer una campaña a su amaño, se resista a ir a debates programáticos alegando falta de altura ética y moral de sus competidores, cuando sus mentores tienen semejante prontuario.
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