Nadie duda que la corrupción hizo metástasis en todas las esferas de la sociedad colombiana. Cada vez se hablan de cifras más escabrosas e inmorales que se van por el sifón de este flagelo que ya es una tragedia y que ahora afecta al Fondo Colombia en Paz, constituido con recursos que la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas y los países amigos de los Acuerdos de Paz, han venido colocando para su implementación.
Es por lo menos vergonzoso que los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza hayan solicitado una reunión para discutir el manejo que Colombia le viene dando a los más de 200 millones de dólares con los que estos países contribuyen para la construcción de esa paz estable y duradera con la que soñamos. Hay toda suerte de suspicacias alrededor de los manejos poco claros de estos recursos que son un aporte generoso de estas naciones.
El mismo Fiscal General ha expresado que hay hallazgos sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos para la implementación del proceso de paz y habló de que se está cometiendo una felonía que producirá enormes daños al proceso de reconciliación de los colombianos.
Según expresan los analistas políticos, del valor total del posconflicto, la cooperación internacional, solamente llegará a aportar un 5% y el resto, lo debemos financiar los propios colombianos, por eso cae tan mal el surgimiento de sospechas acerca del manejo de los recursos que los países amigos de la paz nos están brindando.
Todos los entes de control deben estar atentos a la administración transparente de estos dineros. Importante el anuncio de la Procuraduría de revisar el manejo que funcionarios adscritos a la Presidencia de la República le vienen dando a la llamada “chequera de la paz” reunida en el Fondo Colombia en Paz. Clave la auditoría para el manejo de estos recursos que plantea la Contraloría y por supuesto importante que las investigaciones que realiza la Fiscalía concluyan con el castigo a los culpables de los malos manejos si ellos existen.
Hay que garantizar que lo que ha manifestado la Cancillería alrededor de que “es un compromiso del Gobierno colombiano asegurar el manejo transparente de los fondos creados”, sea una realidad, porque de lo contrario se perdería la confianza de los países cooperantes y de la opinión pública nacional. Como dicen: “desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”.
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