Es regresiva la reforma tributaria presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos. Porque, de un lado, disminuye en 8.06 billones de pesos los impuestos a las empresas más poderosas de Colombia y el mundo -cada día el país les pertenece más a los magnates extranjeros- y del otro y para compensar, aumenta los tributos al pueblo raso y a las capas medias.
Para colmos, la demagogia oficial tacha de “ricos”, para justificar reducirles los descuentos tributarios y aumentarles los impuestos, no a las empresas que disfrutan de mayúsculas rebajas impositivas e incalculables utilidades por sus enormes capitales, sino a quienes reciben por su trabajo sueldos y honorarios de relativa importancia.
Estas fueron el año pasado las utilidades en Colombia, y en billones de pesos, de algunos de aquellos a los que van a reducir el impuesto de renta del 33 al 25 por ciento: Comcel, 2.8; Pacific Rubiales, 2.29; Bavaria Sab Miller, 1.55; El Cerrejón, 2.48, y sector financiero (a julio pasado), 20.5.
A empresas como estas, además, les sostendrán los descuentos tributarios que en 2009 hicieron que las tasas efectivas del impuesto de renta fueran, por ejemplo: minero, 13.0 por ciento; servicios financieros, 8.3; comercio al por mayor, 13.3, y otros servicios, 10.9 por ciento (http://bit.ly/OldQJB).
La reforma tampoco elimina la deducción de impuestos por inversiones en activos fijos acordada en contratos de estabilidad jurídica con 65 monopolios antes de 2010, a pesar de que estos se ganaron una parte considerable del valor total de esta gabela, calculada en 3.8 billones de pesos anuales.
Y conserva malas decisiones de la primera reforma tributaria de Santos: continuar el trámite para otorgar más contratos de estabilidad a 79 empresas y no tocar las zonas francas uninominales, donde 53 monopolios pagan solo el 15 por ciento de renta.
Entonces, para el Gobierno son repudiables los beneficios tributarios que reciben algunas personas naturales que viven de su trabajo, y hay que acabarlos o reducirlos al mínimo para que paguen más impuestos, pero son positivos, y deben sostenerse, los que favorecen a los capitales mayores.
Según el Banco Mundial, en 2010, el costo fiscal de las 80 rebajas impositivas de las personas jurídicas (empresas) que existen y se sostendrán fue de 6.08 billones de pesos (http://bit.ly/OXjxil).
Además, el proyecto amenaza los ingresos del Sena, el Bienestar Familiar y la salud, al sustituir los gravámenes a la nómina de las empresas -resalto, de los monopolios- por un impuesto que puede ser menor que los actuales parafiscales.
Y tan puede ser menor, que el artículo 36 del proyecto establece que el Gobierno no queda obligado a cubrir los faltantes que se presenten.
También produce fiesta entre los magnates que reduzca los impuestos sobre ganancias ocasionales del 35 al 10 por ciento -por valorizaciones de tierras o empresas- y que no grave los grandes movimientos especulativos con acciones.
Para compensar el festín de unos pocos, en 942 mil millones de pesos aumentará el recaudo por IVA y por el nuevo impuesto al consumo a la medicina prepagada y los ‘corrientazos’, entre otros.
De las cifras anteriores, y de lo que dice el Gobierno que costará reducir los impuestos a las empresas y que la reforma será neutra, sale que los ingresos por trabajo pagarán más tributos por aproximadamente siete billones de pesos (http://bit.ly/W9irAe).
En la falta de pudor de la exposición de motivos del proyecto, la rebaja de los impuestos a los monopolios nacionales y extranjeros apenas ocupa, literalmente, cuatro renglones, que no dicen una palabra sobre los beneficios tributarios de que gozan.
Pero sí tiene más de 50 páginas de retórica populista para justificar el alza de los impuestos de los demás colombianos, cubriéndose tras la fábula de que así aumentarán el empleo y la formalidad laboral, la misma falacia de todas las reformas retardatarias de los últimos 20 años.
Por último, la reforma confirma que en el impuesto de renta de las personas jurídicas -y peor ocurre con el de ganancias ocasionales- no habrá la progresividad en las tasas que sí existe, aunque sin la coherencia debida, sobre los ingresos de las personas naturales.
Y esto es muy regresivo, porque impide aplicarles tasas y descuentos tributarios diferentes a las empresas, de menores a mayores, según sean pequeñas, medianas o monopólicas, como debería ser.
Con esta astucia, los auténticos magnates se esconden tras los empresarios no monopolistas para justificar unas gabelas que, en el caso de ellos, son a todas luces desproporcionadas e inconvenientes para Colombia.
Es regresiva la reforma tributaria presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos. Porque, de un lado, disminuye en 8.06 billones de pesos los impuestos a las empresas más poderosas de Colombia y el mundo -cada día el país les pertenece más a los magnates extranjeros- y del otro y para compensar, aumenta los tributos al pueblo raso y a las capas medias.
Credito
JORGE ENRIQUE ROBLEDO
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