| El Nuevo Día

Mar, 19/01/2021 - 04:57

El sinnúmero de sindicaciones que se oían en pleno exterminio de la Unión Patriótica daba cuenta inequívoca de la participación militar en ella. A diario se oía decir: Esta masacre ocurrió en las inmediaciones de tal batallón, de tal estación, de tal comandancia. En aquel hecho participaron el capitán tal, el sargento Pascual y… La planeación se hizo en tal brigada, con tal general y tales paras. En fin, ha sido tanto lo oído y leído sobre tan horripilantes hechos, que no se puede albergar duda alguna de la participación militar en ellos.

En estos días, Alberto Donadío dio a conocer que entre el presidente Virgilio Barco y Rafi Eitan, sionista con reconocido prestigio internacional en espionaje y terrorismo, hubo un acuerdo de asesoraría sobre la mejor manera de acabar con las Farc. En cumplimiento de tal contrato, Eitan recomendó exterminar a la Unión Patriótica, exterminio para el cual podía aceptar un segundo contrato.

Es de anotar que este segundo contrato no se firmó por los celos profesionales del general Rafael Samudio Molina, ministro de Defensa de entonces, quien con natural enfado y en un alarde de sentido patriotismo le manifestó a Barco que si tal contrato se firmaba, él renunciaría a su dignidad ministerial, ya que esa tarea podían cumplirla las mismas fuerzas armadas colombianas.

Un comentario que refuerza el acatamiento de lo aconsejado por Eitan, y ejecutado por Samudio y sus soldados, lo hizo el doctor Carlos Ossa Escobar, asesor de paz de ese entonces, quien testificó ante notario que en una de las tantas reuniones que se adelantaban con motivo del proceso de paz, él manifestó su preocupación por el asesinato diario de uno o dos miembros de la UP, ante lo cual el general contestó que a ese ritmo no acabarían nunca con esa organización.

Como es lógico, acuerdos y decisiones como los anteriores solo pueden realizarse bajo total reserva. De allí que resulte ingenuo esperar que semejante tipo de cosas puedan llegar a oídos de terceras personas, menos si desempeñan funciones de control, y mucho menos aún si se trata del control relacionado con derechos humanos, como es el que ejerce el Procurador General de la Nación.

El procurador de entonces era el doctor Alfonso Gómez Méndez, a quien el Nuevo Día le publicó un reportaje en el cual este insigne tolimense descartó la ocurrencia de lo comentado. Sería bueno que nos dijera de quién hubiera esperado saberlo. ¿Del propio presidente? ¿Del propio general Samudio Molina?

Con criterios como los del ilustre chaparraluno es poco lo que podría avanzarse en procura de solucionar el continuado asesinato de quienes piensan distinto al establecimiento.

RODRIGO LÓPEZ OVIEDO