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De este Congreso pueden destacarse muchos aspectos, de los cuales el de mayor significación puede ser el de la gran unidad que primó en él, como lo prueba el que su declaración final y su nueva Junta Patriótica Nacional se hayan acordado por consenso.
Pero también es destacable el haberse comprometido con el proceso de unidad que debe derivar en la conformación del nuevo partido a que están compelidas todas las fuerzas progresistas por una normatividad electoral que impide conformar coaliciones entre partidos que hayan contado con un 15 % o más de votantes en las últimas elecciones, lo cual afecta al Pacto Histórico, del cual hace parte la UP.
Mención adicional merece el acuerdo de conservar el carácter de la UP como partido de gobierno. Tal decisión resultaba inevitable en momentos en que la oposición, cogida de la noche en su intención de dar el golpe blando en que ha estado comprometida, está reorientando su accionar a impedir que en el 2026 se presente un resultado electoral que le dé continuidad al Gobierno del Cambio y una mayor fuerza en el legislativo.
Pero hay un aspecto sobre el cual hubo un inexplicable silencio. Tiene que ver con el reconocimiento de lo escasas y limitadas que están siendo las reformas alcanzadas, y todo por unos aliados a los que solo interesa saciar su apetito burocrático y de contratación y de una oposición dedicada a impedir cualquier reforma que afecte sus intereses y los de las clases que representa.
Bajo tales condiciones, está quedando un saldo legislativo en rojo, sin que al pueblo se le haga claridad sobre ello, sin que se le señalen los culpables y sin que se le motive a cobrarles tal actitud en las calles y en las urnas. Esto ha repercutido en que no crezcan las movilizaciones callejeras a que ha sido convocado, y repercutirá en las próximas elecciones, en las que se mostrará renuente a respaldar con su voto las opciones de cambio, y todo por verse prácticamente en las mismas condiciones que tenía al terminar el mandato de Duque, y sin saber por qué.
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