Como es apenas natural, el “Pacto por Colombia: pacto por la equidad”, plan de desarrollo recientemente aprobado, necesita consolidar con las futuras administraciones municipales, departamentales y del distrito capital, alianzas que garanticen, a lo largo de todo el territorio nacional, que metas y batería de indicadores que se leen en la hoja de ruta para el próximo cuatrienio, tengan su respectiva y evidente manifestación y logro.
La gestión pública en Colombia sigue teniendo grandes retos en lo que atañe a la acción coherente de estrategias sectoriales emanadas en el orden nacional, cuando se trata de convertirlas en acción consistente, eficaz y eficiente en los escenarios territoriales; se puede decir, con afortunadas excepciones, que el gestor público nacional tiende a pensar con gran especialidad sectorial, pero se raja cuando lo someten a la prueba ácida de la territorialidad.
Por su parte, los gestores públicos territoriales, alcaldes y gobernadores en particular, tienen grandes dificultades en leer de manera funcional para sus respectivos territorios, toda la oferta institucional que hay en orden nacional. Las oportunidades, recursos y energías que pierden estos gestores son inconmensurables. Contrario a los gestores públicos nacionales, estos gestores saben leer sus respectivos territorios pero, también con afortunadas excepciones, vacilan a la hora de tener visión global e intersectorial de los temas que quedan bajo su competencia.
Si a todo esto se suma la complejidad que produce el desacople entre los tiempos de la planeación nacional y territorial, las rigideces presupuestales, los laberintos jurídicos y la explosiva cantidad de enfoques diferenciales poblaciones que han venido impactando el diseño de políticas públicas, amén de las divergentes agendas políticas que se tramitan en los territorios, hay que decir que la probabilidad de éxito de una gestión pública integral, esto es al mismo tiempo territorial-sectorial-poblacional, no es realmente muy alta y lo más probable es que se queden atrapadas en las medianías.
La necesaria articulación nación-territorio, con motivo de hacer que el “Pacto por Colombia: Pacto por la legalidad” sea la brújula inspiracional del desarrollo social y económico del país, exige por un lado, directivas precisas y reiteradas del gobierno nacional para que todo gestor público en ese nivel sea retado y evaluado en proporción a sus logros territoriales, y que la ciudadanía, en el próximo mes de octubre, tenga buen criterio para elegir alcaldes y gobernadores, capaces de pensar global e intersectorialmente, actuar localmente y motivar en sus respectivas jurisdicciones, sendos pactos para que el emprendimiento y la legalidad generen ambientes de equidad.
Es menester que en el perfil de estos líderes territoriales se haga también evidente gran capacidad de convocatoria de empresarios privados y sociales, estamentos académicos para hacer grandes concertaciones alrededor de ambiciosas metas, que lleven a cada entidad territorial a colocar su cuota digna de aporte a los diferentes indicadores nacionales de desarrollo social y económico.
Gran responsabilidad tienen los partidos políticos en este propósito, la articulación nación-territorio, avalando a personas con incuestionables y aptos perfiles, porque una cosa es un partido que se consolide como una empresa política socialmente competente, y otra muy diferente, es que ese partido se quede atrapado en el paradigma de fungir como negocios electoreros de coyuntura mientras finge con cuerpos de doctrina vacuos.
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