Para ello consideré oportuno partir de la situación histórica en cuanto a seguridad regional y defensa nacional de Colombia.

Al respecto es útil señalar que la tradición colombiana, construida a lo largo del tiempo, fue de indiferenciación de roles y misiones en cuanto a seguridad y defensa teniendo como prioridad las amenazas internas, especialmente las derivadas del conflicto interno armado. Eso implicó que hubieran roles indiferenciados para Fuerzas Militares y Policía nacional (ésta última altamente militarizada).  

Ahora bien, el conflicto interno armado colombiano progresivamente se regionalizó y se convirtió en una especie de amenaza a la seguridad regional, pero adicionalmente en el principal factor de tensión en las relaciones entre los Gobiernos colombianos y sus pares en la región suramericana -especialmente la andina-. Adicionalmente, la debilidad del Estado facilitó el desarrollo del narcotráfico -en especial los cultivos de uso ilícito-, y éste se convirtió en una de las fuentes más importantes de los actores ilegales del mismo.

Lo anterior, junto con una tradición histórica de más largo alcance -que se remonta por lo menos a finales de los años 30 del siglo anterior-, explican la fuerte alianza de los distintos Gobiernos colombianos con Estados Unidos y a través de ésta, la alta presencia regional del hegemón hemisférico; esto también ha sido fuente de tensiones regionales en los últimos años –posición colombiana frente a la guerra de Malvinas; uso de bases militares colombianas por los norteamericanos, entre otras-.  

Los cambios posibles en defensa y seguridad regional que se podrían prever se resumen así: primero, desaparece la amenaza que para Colombia y la región significa el conflicto interno armado y sus implicaciones. Segundo, Colombia podrá hacer, de manera progresiva, un proceso claro de diferenciación de roles y misiones entre Fuerzas Militares -centradas en defensa y seguridad nacional- y Policía Nacional -con énfasis en seguridad pública y ciudadana-; esto está empezando a vislumbrarse con la propuesta en curso y que requiere de gran análisis, de crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana, donde se asumirían las funciones de la Policía nacional y otras agencias estatales.  

Tercero, en el mediano plazo, habrá un proceso progresivo de reingeniería en las Fuerzas Militares, de tal manera que se transformen de unas Fuerzas Militares, básicamente contrainsurgentes, a unas Fuerzas Militares más ‘clásicas’, en función de la defensa nacional. Cuarto, se debe dar un incremento de la especialización de la Policía en la lucha contra delitos de relevancia y para la seguridad ciudadana y la convivencia. Quinto, Colombia puede tener una relación más tranquila con los gobiernos de la región, sin las prevenciones, entendibles, que se originan asociadas al conflicto interno armado; esto facilita un mejor proceso de cooperación en seguridad regional y un mayor aporte colombiano a fortalecimiento de organismos como el Consejo de Defensa Suramericano y la Unasur. Sexto, la necesaria alianza estratégica de Colombia con EE.UU. se sostendrá, pero cambia su sentido y puede orientarse mejor al principal problema de seguridad regional, el narcotráfico.  

A la región suramericana le queda como principal amenaza de seguridad regional, el problema del narcotráfico, pero ese nuevo contexto es posible enfrentarlo mejor y dentro de escenarios de cooperación plena y de confianza de los gobiernos de la región, buscando alternativas de políticas públicas.  

Sin duda el escenario de cooperación regional es alentador si resulta positiva la solución concertada del conflicto interno armado.