Se acercan las elecciones regionales y locales de octubre próximo y todos los actores políticos comienzan a mover sus fichas; se empiezan a armar alianzas o coaliciones entre fuerzas políticas y/o candidatos -entre otras razones porque no hay fuerzas políticas hegemónicas, electoralmente-, se inicia el diseño de los programas para gobernaciones y alcaldías.
Pero una característica básica de estas elecciones territoriales es que tienen como eje las problemáticas de sus regiones o municipalidades, pero ciertos dirigentes políticos nacionales hacen planteamientos de temas de debate nacional buscando que estos se conviertan en corrientes de opinión que influyan en los temas regionales y locales y por supuesto están en su derecho de hacerlo.
Adicionalmente, estas elecciones se dan en el marco de una transición muy compleja que estamos viviendo los colombianos, con realidades que no se modifican fácilmente, ni en el corto plazo. Hay una división de opiniones -polarización se tiende a denominar-, entre quienes cuestionan parte o todo el acuerdo de paz con las Farc y los que lo apoyan, igualmente todo o con ciertas observaciones. Y esta situación no se va a modificar en el corto plazo, difícil en el mediano, por lo tanto es una realidad con la que vamos a tener que convivir.
Recordemos que eso no es una especificidad nuestra; Irlanda del Norte cumplió veinte años de la firma de su acuerdo de paz y todavía no es fácil que se hablen católicos con protestantes. Nosotros tenemos otra tendencia perversa, que no fácilmente se va a terminar simplemente con la firma del acuerdo entre el Gobierno y una insurgencia y es la de acudir al uso de la violencia para eliminar a los contradictores políticos –es un rezago que traemos desde las controversias liberales y conservadoras, acentuado por nuevas conflictividades-; recordemos que eso está muy arraigado en muchos espacios del territorio y mientras no logremos tener un Estado real en los territorios, con capacidad de regular el orden social, eso va a seguirse presentando; por supuesto, eso no significa qué hay que resignarse, debemos fortalecer todos los mecanismos de alertas tempranas, los sistemas de prevención y seguridad, individuales y colectivos, para tratar de minimizar al máximo estos fenómenos negativos.
Igualmente tenemos una tradición de clientelismo político, más arraigado en unas regiones que en otras y con seguridad va a seguir siendo un factor importante en el próximo debate electoral.
Igualmente, hay sectores y líderes políticos que no comparten el modelo institucional establecido por la Constitución de 1991 y las adiciones derivadas del Acuerdo de La Habana, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y van a estar proponiendo modificarlo y están en su derecho, si lo hacen por las vías establecidas en la carta constitucional; quienes no comparten estas iniciativas lo que les corresponde es hacer las controversias argumentales y desarrollar sus propias estrategias de acción para contrarrestar esas iniciativas. De eso se trata la política. Algunos pareciera que sueñan con una sociedad sin conflictos, sin controversias, sin tensiones y eso no es realista.
Bienvenidos todos esos debates y controversias, propios de la democracia, siempre que se hagan con respeto y dentro del marco de los canales institucionales. Lo que no se puede aceptar es que nadie pretenda acudir a vías extra institucionales para lograr imponer sus objetivos o sus puntos de vista. Esperemos que tengamos una campaña electoral agitada, con mucho debate y controversia, pero dentro del respeto por los otros que opinan diferente.
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