En un comunicado de la Federación Nacional de Departamentos, los mandatarios seccionales expresaron su inconformidad, porque los ajustes planteados en el proyecto representan una cuantiosa disminución de las regalías, lo cual perjudica las inversiones en sectores clave para la equidad social, como alimentación y transporte escolar, vivienda e infraestructura.
El recorte afecta, así mismo, los planes de desarrollo de los departamentos, que fueron recientemente aprobados, y que dependen en gran medida de las transferencias de la Nación. En el caso del Tolima, los ingresos propios representan solo el 14% del presupuesto.
Por eso solicitaron que se explique con trasparencia la fórmula con la cual se calculan y liquidan las regalías, y piden la intervención de la Contraloría para que realice un acompañamiento en este proceso. Además, señalaron que presentarán ante el Congreso sus observaciones y proposiciones para modificar el proyecto.
“Es prioritario que las regiones cuenten con una dinamización de recursos tendientes a la estabilidad de sus inversiones, para lo cual es fundamental una correcta articulación entre el Gobierno Nacional, los mandatarios departamentales y locales, y el Congreso de la República”, expresaron los gobernadores en su comunicado.
El Tolima dejará de recibir unos 122.000 millones de pesos. Las familias que se hallan en condiciones de vulnerabilidad y en los campos son las más perjudicadas con la disminución de las regalías. Esto aumentaría, de igual forma, la deserción escolar, que en el Departamento está por encima del promedio nacional, pues de estos ingresos dependen programas esenciales para motivar el regreso las aulas.
La mandataria de los tolimenses, Adriana Magali Matiz, cuestionó, además, un artículo de dicho proyecto de ley, según el cual, si los entes territoriales no invierten los recursos destinados para obras, antes del 31 de diciembre, los perderán y serán reasignados a otros departamentos. Sin embargo, en los ministerios hay un buen número de proyectos para el Tolima en espera del aval respectivo, por lo cual insiste en la necesidad de que los trámites se aceleren en las instancias del Gobierno Nacional.
En estas circunstancias, los congresistas tolimenses tendrán que asociarse y dejar a un lado sus diferencias políticas para representar los intereses del Departamento, participar activamente en los debates y votar las modificaciones para impedir que se retrase aún más el desarrollo de la región.
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