El presidente reconoció recientemente que no anda en buenos términos con las Cortes, razón por la que propuso realizar un acercamiento con los magistrados a fin de lograr que estos permitan el cambio de normas constitucionales y legales, debido a que expiden decisiones que son adversas a los proyectos presentados por el Ejecutivo ante el Congreso o a las acciones legales promovidas desde palacio. No mencionó, por supuesto, su molestia por las investigaciones que, contra miembros de su familia, del equipo de Gobierno, de los movimientos políticos que le apoyaron, o de líderes de grupos violentos con los que está empeñado en firmar la paz, vienen haciendo la Corte Suprema de Justicia o la JEP.
El nivel de tensión escaló la semana pasada al mencionar la posibilidad de promover una reforma dirigida a la elección popular de jueces, en similitud a lo acaecido en la conclusión del mandato de López Obrador, en México.
Las diatribas constantes contra las decisiones de las altas cortes que les desfavorecen han sido interpretadas por el presidente como una oposición a los deseos de cambio definidos desde las toldas del progresismo, singularmente en este lado del hemisferio occidental.
Esa interpretación presidencial es problemática, pues choca contra toda evidencia fáctica: las decisiones de las Cortes colombianas son las más progresistas del planeta, y se insertan a la perfección en sus postulados de alcance global, al punto que en el medio jurídico no es extraña la impresión de que la Rama Judicial cuenta con mayorías que favorecen las posiciones mimadas desde la izquierda, singularmente en las relacionadas con causas identitarias, ambientales o de justicia social.
Tal vez no se ha detenido el presidente a evaluar la calidad jurídica de las iniciativas legales que promueve el Gobierno. Varias de estas, antes de que las Cortes las encontraran inconstitucionales o improcedentes, ya habían sido calificadas como tales por juristas de amplio prestigio, con lo cual la caída en la Constitucional o en el Consejo de Estado era más que previsible.
Tampoco que el lenguaje incendiario y ofensivo contra fiscales, jueces y magistrados de las distintas instancias de investigación y juzgamiento (las dos Cortes, el Consejo de Estado, la JEP o el CNE) suponen un daño innecesario en la relación entre los organismos del poder público.
A quienes siempre han percibido a las distintas cortes como epicentros del progresismo judicial les cuesta trabajo entender las diatribas contra estas, no solo porque las relaciones respetuosas entre los distintos órganos del Estado es lo pertinente; también lo es por razones de salud de la República. Es que, si el presidente desconfía e irrespeta de palabras a las demás ramas del poder público, ¿puede quejarse de que haya gobernados que no se sientan obligados, a su vez, a confiar o respetarlo a él o a los demás servidores públicos?
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